Gobierno de México propone penas de hasta 20 años de cárcel por el uso criminal de drones

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados debatirá la propuesta emitida por el Poder Ejecutivo Federal.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos remitió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados una importante iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Federal. La propuesta de decreto tiene como objetivo reformar y derogar varias disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, enfocándose en la regulación de aeronaves piloteadas a distancia, comúnmente conocidas como “drones”.

Esta iniciativa busca establecer medidas más severas para los delitos que involucren el uso de drones con el propósito de prevenir, evitar y castigar su utilización en acciones contra bienes o servicios públicos o privados, así como en atentados contra la integridad física, emocional o la vida de las personas, generando alarma, temor o terror en la población con el fin de atentar contra la seguridad nacional o influir en decisiones de autoridades o particulares.

Se plantea la creación de un nuevo capítulo denominado “Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia” en el Código Penal Federal. Aquellos que utilicen drones para arrojar objetos, artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas con potencial explosivo, y causen daño a personas o bienes, enfrentarán penas de prisión que van de 10 a 20 años. Si el afectado pertenece o está destinado a las Fuerzas Armadas de México o a la seguridad pública, la pena será aumentada en un 50%.

Por otro lado, también se busca la modificación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para abordar específicamente el uso de drones adaptados para transportar, activar y detonar explosivos o sustancias con capacidad explosiva.

El propósito principal de esta legislación es establecer un marco jurídico que contemple sanciones más severas para aquellos delincuentes que utilicen drones en la comisión de delitos. Con ello, se busca fortalecer la prevención y combatir la impunidad asociada al uso de estos artefactos, garantizando así la paz y seguridad de la población mexicana y respetando en todo momento los derechos humanos. Esta iniciativa está en línea con las buenas prácticas internacionales en la materia.