Legisladora del PRD propone trasladar los delitos ambientales a la FGR

A través de una reforma constitucional, la diputada Olga Luz Espinosa pretende reducir la impunidad ambiental.

La diputada federal Olga Luz Espinosa Morales, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha presentado una iniciativa de reforma con el propósito de modificar el quinto párrafo del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Esta reforma tiene como objetivo transferir la jurisdicción de los delitos ambientales al ámbito de la Fiscalía General de la República (FGR).

La propuesta pretende otorgar a la FGR la competencia en materia ambiental, con la adición de un nuevo apartado que establecería que la FGR “contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, ambientales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General de la República”.

Espinosa Morales fundamenta su propuesta argumentando que actualmente, los delitos ambientales están bajo la jurisdicción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual emite recomendaciones que no son vinculantes. Esto es a pesar de que el Código Penal Federal contempla delitos contra el medio ambiente y su gestión.

El régimen transitorio propuesto establece que la Federación dispondrá de un año, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para emitir las leyes necesarias a nivel federal para la implementación de la fiscalía en materia ambiental. Además, en el mismo período, los recursos y personal asignados a la Profepa se transferirían al nuevo organismo creado por esta reforma.

La diputada resalta que su iniciativa es coherente con el propósito de la Procuraduría de fomentar la creación de juzgados especializados en delitos ambientales, reconociendo la insuficiencia de la legislación actual para acceder a la justicia en esta área.

La propuesta establece que los resultados de las investigaciones de la Profepa se presentarán ante un juez en expedientes de delitos ambientales, poniendo fin a la práctica de emitir recomendaciones no vinculantes.

Espinosa Morales explicó que la justicia ambiental actual se inicia a partir de denuncias populares en lugar de denuncias que resulten en la apertura de expedientes con la finalidad de presentar casos ante un juez federal para el dictamen de penas.

La legisladora recalca la necesidad de priorizar la política ambiental, considerando la urgencia de la crisis climática global. En este contexto, propone que tanto el gobierno federal como los estatales desarrollen políticas más ambiciosas y efectivas para enfrentar los delitos ambientales, garantizando resultados medibles, verificables y reportables.

En última instancia, señala que el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2021-2024 carece de objetivos para reducir los delitos ambientales establecidos en el Código Penal Federal, a fin de evitar daños irreparables a los ecosistemas nacionales.