El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac de SLP) desató una intensa reacción política tras presentar una propuesta de reforma constitucional que ha sido bautizada por la opinión pública como la “Ley Gallardo”. La iniciativa plantea modificar los requisitos de elegibilidad para el proceso electoral de 2027, al establecer que únicamente familiares directos del actual mandatario podrían contender por la gubernatura del estado.
La propuesta, que ya fue turnada al Congreso del Estado para su análisis, argumenta una supuesta búsqueda de “continuidad en los programas de justicia social”. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional advierten que la medida contraviene principios fundamentales de la democracia mexicana, como el voto libre, la equidad en la contienda y el derecho de cualquier ciudadano a ser votado.
De aprobarse la reforma, el universo de aspirantes quedaría limitado de manera estricta al círculo consanguíneo o de afinidad del actual gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona.
La reacción de partidos de oposición y de organizaciones de la sociedad civil fue inmediata. Representantes de diversas cámaras empresariales calificaron la propuesta como un “atentado a la República” y advirtieron que podría sentar las bases de un cacicazgo dinástico en pleno siglo XXI.
El Congreso de San Luis Potosí, donde el bloque oficialista mantiene mayoría, tendrá la decisión final. En las próximas semanas se prevé la realización de foros de discusión, mientras que colectivos ciudadanos ya analizan la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que la reforma sea ratificada.
Inocente palomita que llegaste hasta el final: hoy es Día de los Inocentes y la nota no es real.
