La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera integral la producción, distribución, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México. El dictamen, impulsado por el oficialismo, obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra, y contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas de 226 mil pesos para quienes participen en el mercado de estos dispositivos.
Tras una ronda de 71 oradores que prolongó la discusión por casi nueve horas, las reservas se votaron con 292 votos a favor y 163 en contra. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano encabezaron la oposición, a la que se sumaron 30 diputados del PT y uno del Partido Verde.
¿Se prohibió el uso personal de ‘vapes’?
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prohíbe la compra, venta, transporte, producción, importación, exportación y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. Incluye también sustancias líquidas o sólidas susceptibles de inhalación, con o sin nicotina.
El dictamen incorpora además restricciones a la distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos, drogas sintéticas no autorizadas y al uso ilícito de fentanilo.
Ante las críticas de criminalización del consumo, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, presentó una reserva para precisar el alcance de las sanciones. Señaló que el artículo 282 quáter se modificó para establecer que la prohibición aplica únicamente a la adquisición con fines de comercialización, y que se exceptúa el consumo y la posesión personal.
Monreal explicó que, sin esta precisión, el artículo 456 Bis podía interpretarse como aplicable también a usuarios. “Si una persona está consumiendo o incluso porta uno o dos cigarrillos electrónicos, no es delito”, afirmó.
Las reservas añadieron la prohibición de dispositivos desechables y ampliaron la definición de sustancias utilizadas en vapeadores, con el fin de “cerrar vacíos” y evitar formulaciones ambiguas.
Acusan a la 4T de entregar este mercado al narco
Pese a las modificaciones, los grupos opositores insistieron en que la reforma abre la puerta a riesgos jurídicos y favorece la expansión del mercado ilegal. Legisladoras de Movimiento Ciudadano advirtieron que la prohibición puede incentivar que grupos criminales controlen la venta de vapeadores.
La diputada Irais Reyes de la Torre sostuvo que “no regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los cárteles”. Cuestionó además el riesgo de adulteración con sustancias como fentanilo.
La discusión escaló cuando el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, acusó a la oposición de actuar de “mala fe” y utilizó una expresión que fue considerada ofensiva por legisladoras, quienes solicitaron investigarlo por violencia simbólica. MC anunció que presentará una queja ante el Comité de Ética.
El priista Carlos Gutiérrez Mancilla calificó la reforma como una medida “legislada al vapor” que, a su juicio, intenta someter a los jóvenes “a un control político disfrazado de moral”.
