El Congreso de San Luis Potosí recibió una iniciativa ciudadana que plantea establecer un cupo laboral para personas trans y no binarias en instituciones públicas estatales. La propuesta fue turnada a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales; Derechos Humanos; Trabajo y Previsión Social; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, donde será analizada y discutida.
La iniciativa pretende reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación, la Ley para el Ejercicio de las Profesiones, la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Su objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y condiciones laborales justas para personas trans y no binarias, quienes históricamente han enfrentado exclusión y discriminación en el ámbito laboral.
Esperamos que las decisiones que se tomen respeten plenamente los derechos humanos; de no ser así, que el pueblo potosino se lo demande.
Adrián Barrios Muñoz
La iniciativa fue promovida por Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, Julie Carrillo Saucedo, Adrián Barrios Muñoz, Jesús Paul Ibarra Collazo y Francisco Olvera Herrera. De aprobarse, representaría un avance en la construcción de políticas públicas que reconozcan la diversidad y fortalezcan el marco de derechos humanos en el estado.
De acuerdo con los promotores de la iniciativa, esta acción responde a una necesidad urgente: las personas trans y no binarias enfrentan barreras estructurales para acceder a un empleo digno. Citando datos del INEGI (ENDISEG 2021) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), señalan que este grupo es el más afectado por la discriminación en el ámbito laboral dentro de la comunidad LGBTIQ+.
La propuesta no se trata de otorgar un “privilegio”, sino de una acción afirmativa. “Así como existen cuotas de género o de inclusión para personas con discapacidad, este cupo laboral asegura que la participación de personas trans y no binarias no quede solo en el discurso”, explicó Barrios Muñoz.
La iniciativa no busca privilegios ni exclusiones, sino garantizar igualdad sustantiva para un grupo históricamente discriminado.
Adrián Barrios Muñoz
Si la iniciativa es aprobada, los siguientes pasos prioritarios serían la creación de lineamientos claros de implementación, la asignación de un presupuesto suficiente, la capacitación y sensibilización del personal en materia de diversidad, y la generación de indicadores para evaluar su impacto.
Pese a los posibles riesgos de que la propuesta sea modificada o retrasada, los activistas confían en que el análisis desde una perspectiva de derechos humanos prevalecerá.
