Vecinos de distintos sectores de Ciudad Valles denunciaron irregularidades en la integración de comités ciudadanos para el programa “La Clínica es Nuestra”, una iniciativa del gobierno federal inspirada en el esquema “La Escuela es Nuestra”, pero enfocada en el sector salud.
El ejercicio comenzó el año pasado, en condiciones apresuradas, y este año no parece ser la excepción. En 2024, se anunció una nueva asignación presupuestaria que exige la conformación de nuevos comités, con un presupuesto que el año pasado alcanzó un máximo de 1 millón 278 mil pesos por clínica.
La inquietud se ha intensificado debido a la intervención directa de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de San Luis Potosí (Sedesore de SLP) en la selección de los integrantes de los comités, lo cual ha generado tensiones. La dependencia ha vinculado estos comités con el programa IMSS-Bienestar, pese a que ambas estructuras pertenecen a esferas institucionales diferentes.
Esta injerencia preocupa particularmente a los grupos comunitarios ya establecidos, quienes mantienen una relación estrecha y continua con las clínicas a través de actividades de promoción de la salud. Estos comités locales, integrados por vecinos de las colonias beneficiadas, cuentan con un conocimiento profundo de las problemáticas sanitarias y han colaborado históricamente en la convocatoria y participación ciudadana.
El personal médico y comunitario expresó su malestar por lo que consideran una imposición de Sedesore, que ha designado a representantes ajenos al trabajo previo de las clínicas. La principal inquietud gira en torno a la gestión del presupuesto, ya que los comités tienen la facultad de decidir el destino de los recursos, así como de adjudicar contratos para la adquisición de bienes y servicios.
Entre las preocupaciones destacadas se señala que David Medina Avendaño, hijo del actual presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, coordina la delegación de Sedesore. Además, varios presidentes de colonia —que forman parte de la estructura local— perciben un salario mensual de 10 mil pesos bajo la actual administración, lo que ha despertado sospechas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo en la asignación de contratos.
La situación genera incertidumbre entre el personal de salud y las comunidades, que demandan transparencia y participación genuina en los procesos relacionados con la mejora de los servicios médicos públicos.
