Diputada pidió a la Corte Internacional de Justicia adopte el español como idioma oficial

La congresista Marcela Guerra lo consideró como una medida de inclusión y equidad lingüística para los países hispanohablantes.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, resaltó la importancia de incluir el español como idioma oficial en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Destacó que esta medida sería un paso crucial hacia la inclusión y equidad lingüística, además de garantizar un acceso más amplio a la justicia y aumentar la efectividad e influencia de la CIJ en los países de habla hispana.

Actualmente, la CIJ solo utiliza el inglés y el francés como idiomas oficiales, a pesar de que el español es hablado por una gran cantidad de personas en todo el mundo. Con 477 millones de hablantes en 21 países, distribuidos en todos los continentes, el español es una lengua ampliamente utilizada que merece ser reconocida en este contexto internacional.

La diputada Guerra Castillo informó que llevará este tema a la Unión Interparlamentaria (UIP) en una reunión que se celebrará en Ginebra, Suiza, al final de este mes. Presentará el pronunciamiento aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, con el objetivo de solicitar a la UIP que exhorte a la CIJ a incorporar al español como uno de sus idiomas oficiales en su Estatuto.

Destacó que este esfuerzo se realiza en la UIP debido a su alcance internacional y a su capacidad para fomentar el diálogo entre legisladores de todo el mundo. México, como Estado Miembro activo de la Unión, ejerce una diplomacia proactiva y liderazgo en este tipo de iniciativas.

La inclusión del español como idioma oficial en la CIJ facilitaría la comunicación entre las partes y los jueces, especialmente cuando estos últimos son hispanohablantes. Esta medida contribuiría significativamente a mejorar la eficacia y la equidad en los procedimientos judiciales internacionales.

El pronunciamiento aprobado por la Cámara de Diputados se enviará oficialmente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lo transmitan a la Corte Internacional de Justicia en La Haya.