El 77% de las universidades públicas estatales tienen irregularidades en el uso de recursos públicos

El IMCO reveló que estas fallas afectan la calidad de la educación que reciben 1.7 millones de estudiantes del nivel superior en las entidades federativas de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó el gasto federalizado de 35 universidades públicas estatales en la segunda fase de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2022. Se identificaron deficiencias e irregularidades en 27 de estas universidades por un monto total de 1,700 millones de pesos. Hasta el momento, el 92% de este monto aún tiene aclaraciones pendientes.

Las cinco principales irregularidades identificadas son:

1. Fallas en el reporte y reintegración de recursos a la Federación:

• La Universidad del Carmen en Campeche no reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 18.7 millones de pesos.
• La Universidad Autónoma de Coahuila no acreditó el monto total del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores.

1. Deficiencias en los sistemas de control interno:

• La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nayarit presentaron deficiencias en sus sistemas de control interno.

1. Discrepancias y falta de información en la información contable:

• La Universidad Autónoma de Nayarit no presentó la documentación necesaria para acreditar pagos destinados a la atención médica del personal universitario.

1. Irregularidades en los sistemas de nómina:

• La Universidad de Coahuila realizó pagos totales por 368 millones de pesos a 2,130 personas que estaban registradas en dos cargos simultáneamente.

1. Deficiencias en el reporte a la Secretaría de Educación Pública (SEP):

• La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no presentó a la SEP los recibos correspondientes a los gastos realizados con cargo a recursos federalizados por un monto total de 3,700 millones de pesos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone que las universidades públicas estatales den seguimiento a las recomendaciones de la ASF, fortalezcan sus sistemas contables y de nómina, garanticen el ejercicio efectivo de los recursos públicos y mejoren sus mecanismos de control interno para reducir las irregularidades en el gasto.