El CEESP advirtió que esta debilidad rumbo a las elecciones 2024 representa un desafío para el crecimiento económico nacional.
Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el estado de derecho es fundamental para aprovechar las oportunidades del nearshoring en México. Este órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advierte que el débil estado de derecho, especialmente en el contexto electoral de 2024, presenta un desafío significativo para el crecimiento económico del país.
El nearshoring, que implica la relocalización de negocios cercanos a su mercado de origen, tiene un gran potencial en México. De acuerdo con Serfimex Capital y otros socios consultados, México domina el 80% del mercado de nearshoring a nivel mundial y concentra más del 58% de la producción industrial de Estados Unidos. Esto lo convierte en un lugar estratégico para esta práctica comercial.
Sin embargo, para que el modelo de nearshoring se desarrolle de manera efectiva y tenga un impacto positivo en la economía del país, es crucial garantizar un sólido estado de derecho. Las autoridades deben asegurar un entorno legal estable que promueva la seguridad jurídica y proteja los derechos de las empresas.
El banco HSBC también destaca el papel de México en el nearshoring, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La institución financiera resalta la importancia de diversos sectores económicos, como la agricultura, la manufactura y la provisión de servicios, en el contexto del nearshoring.
El CEESP señala que el estado de derecho en México enfrenta desafíos significativos, como la corrupción, la impunidad y la inseguridad jurídica, lo que afecta la confianza de los inversionistas y obstaculiza el desarrollo productivo. Datos de organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional, colocan a México en una posición preocupante en cuanto a corrupción y transparencia.
Los voceros del sector privado mexicano instan a las autoridades a combatir de manera frontal la corrupción y a crear un entorno propicio para el emprendimiento y la inversión. Actualmente, se percibe que solo las grandes empresas tienen los recursos necesarios para enfrentar los desafíos de seguridad en México, lo que crea un entorno desigual para el desarrollo empresarial.