La fiscal general de los Estados Unidos de América, Pamela Jo Bondi, posicionó a México dentro de una lista de adversarios de seguridad nacional, un grupo que históricamente incluye a naciones como Rusia, China e Irán. Esta medida refleja la creciente frustración de Washington ante lo que percibe como un combate insuficiente contra el crimen organizado transnacional.
La drástica clasificación se enmarca en acciones recientes por parte de la administración de Donald John Trump para asfixiar las finanzas de los cárteles. Ejemplo de ello es el reciente bloqueo impuesto a tres instituciones financieras con sede en México, acusadas de operar como vehículos para el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de fentanilo, el opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos.
Las instituciones señaladas son:
- CIBanco, S.A.
- Intercam Banco, S.A.
- Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Mientras tanto, desde el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció públicamente la naturaleza binacional del desafío. En sus declaraciones, admitió que las redes del crimen organizado operan y tienen profundas raíces en ambos lados de la frontera, subrayando la complejidad de un problema compartido.
Esta nueva designación por parte de Estados Unidos, sin embargo, va más allá de la cooperación y entra en el terreno de la confrontación, colocando a su vecino y uno de sus principales socios comerciales bajo una nueva y preocupante etiqueta en el escenario mundial.
