Gobierno potosino toma medidas contundentes contra el maltrato animal y busca responsables de violencia

Con el apoyo de la Guardia Civil Estatal, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí busca prevenir y disuadir el maltrato animal.

En respuesta a preocupantes testimonios de residentes de la capital de San Luis Potosí sobre posibles casos de violencia contra mascotas y animales callejeros, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí tomó medidas contundentes para salvaguardar la seguridad en la entidad. En colaboración con la Guardia Civil Estatal (GCE), se han desplegado recursos con el objetivo de prevenir y combatir estos actos, así como de identificar a los presuntos responsables para que enfrenten las consecuencias legales, según informó el Vocero de Seguridad, Miguel Gallegos Cepeda.

El mensaje es claro: en San Luis Potosí no hay tolerancia para el maltrato animal. Gallegos Cepeda enfatizó que cualquier forma de violencia hacia los animales es inaceptable y está sujeta a castigo. Bajo la administración del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, se ha puesto un énfasis especial en esta problemática, y se han fortalecido las penas para quienes cometan actos de agresión contra los animales. La prisión se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa.

Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no ha recibido denuncias formales que permitan iniciar investigaciones específicas. Por lo tanto, desde el Gobierno del Estado se instó a la población a denunciar cualquier acto que afecte la vida de los animales. De esta manera, se podrá brindar garantías a los afectados y a los dueños de mascotas, además de proporcionar apoyo a los residentes de todas las colonias, añadió el Vocero de Seguridad.

Es importante destacar que la propuesta presentada por el gobernador Gallardo Cardona ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha sido aprobada. De acuerdo con la reciente reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, se impondrán penas de hasta 5 años de prisión, así como sanciones económicas y la inhabilitación de la profesión, oficio o comercio, cuando el maltrato cause la muerte del animal.