Implementarán programas de destrucción y reciclaje de vehículos abandonados en San Luis Potosí

A petición del diputado Eloy Franklin, se buscará regular el destino final de los vehículos alojados en corralones o pensiones.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una propuesta presentada por el diputado Eloy Franklin Sarabia para realizar cambios en la Ley de Tránsito del Estado. Estos cambios tienen como objetivo implementar programas para el retiro, destrucción, reciclaje y venta por kilo ferroso de vehículos en situación de abandono o chatarra que se encuentran en corralones, pensiones y/o patios de resguardo en la entidad. Los vehículos en esta categoría no están relacionados con procedimientos judiciales o administrativos en curso según lo establecido por la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados, Embargados o Abandonados para el Estado de San Luis Potosí.

Las modificaciones a la ley indican lo siguiente:

1. Cuando se encuentren vehículos en situación de abandono o chatarra en los depósitos, se notificará a los propietarios para que realicen los trámites necesarios para la devolución o liberación, y se tomarán las acciones requeridas en base a las opiniones emitidas por las autoridades pertinentes, incluyendo la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado.
2. Si se desconoce la identidad o el domicilio del propietario o poseedor legítimo del vehículo, se realizará una notificación por edictos en el Periódico Oficial del Estado y un diario de gran circulación en el estado. El propietario o poseedor tendrá un plazo para llevar a cabo los trámites necesarios.
3. Si los plazos mencionados anteriormente vencen sin que se realicen los trámites necesarios para la devolución o liberación del vehículo, y para llevar a cabo las acciones requeridas según las opiniones de las autoridades correspondientes, la Secretaría debe contar con una empresa especializada en destrucción vehicular. Después de la destrucción, la Secretaría procederá a la venta del vehículo por kilo ferroso. Los ingresos generados se destinarán a la implementación de políticas públicas en beneficio de la población.

Estas modificaciones buscan regular el manejo de vehículos en situación de abandono o chatarra y garantizar que los recursos obtenidos de su venta se utilicen en programas que beneficien a la comunidad.