Legislador propone que proveedores de internet entreguen información ante mandamientos judiciales

El congresista Javier López Casarín presentó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta reforma busca incluir a los prestadores de servicios de internet entre los sujetos obligados a cumplir mandamientos judiciales o administrativos emitidos por autoridades competentes.

En un comunicado, el diputado explicó que la iniciativa tiene como objetivo colaborar con las autoridades en la lucha contra los delitos que se cometen a través de plataformas digitales o que aprovechan internet para llevar a cabo engaños y poner en peligro la integridad de las personas.

La propuesta se basa en la necesidad de regular las obligaciones de los proveedores de servicios de acceso a internet en asuntos relacionados con la procuración de justicia y la seguridad pública. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contiene disposiciones en materia de seguridad y justicia, pero no incluye a los proveedores de servicios de internet como sujetos obligados, lo que dificulta la obtención de información por parte de las autoridades competentes.

La iniciativa busca modificar el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer que “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de internet están obligados a atender todo mandato por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”.

Además, se propone agregar un párrafo II Bis al artículo 190 para establecer la obligación de los proveedores de servicios de internet de conservar un registro y control de las comunicaciones realizadas a través de cualquier tipo de línea. Estos registros deberán mantenerse durante doce meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real por parte de las autoridades. Después de este plazo, los datos podrán ser resguardados en sistemas de almacenamiento electrónico durante otros doce meses.

La iniciativa también enfatiza la importancia de garantizar la conservación, seguridad y privacidad de los datos, así como el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

En resumen, la propuesta busca fortalecer la cooperación entre los proveedores de servicios de internet y las autoridades en la lucha contra delitos cibernéticos y la promoción de la seguridad en línea.