El legislador federal de Ixtapaluca, Estado de México, por Morena, Armando Corona Arvizu, propone sancionar con hasta seis años de prisión a quienes difundan imágenes, audios o videos manipulados con inteligencia artificial. La medida busca frenar el ciberacoso, pero especialistas advierten que podría derivar en censura.
La iniciativa busca modificar el Código Penal Federal con el fin de castigar a quienes “creen, manipulen, transformen, reproduzcan o difundan imágenes, videos, audios o representaciones digitales” hechos con inteligencia artificial sin consentimiento y con el propósito de “ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la reputación o dignidad” de una persona.
La sanción prevista va de tres a seis años de cárcel, además de multa. Si la víctima es un servidor público en funciones, la pena se incrementa a la mitad.
El proyecto busca enfrentar el auge de deepfakes y otras formas de ciberacoso. Según el INEGI, en 2024 casi 19 millones de personas sufrieron agresiones digitales y los fraudes relacionados con IA crecieron 220% en dos años.
Sin embargo, la iniciativa no contempla excepciones para la sátira, la parodia o la crítica política. Con ello, advierten especialistas, cualquier caricatura, meme o sticker que incomode a un funcionario podría ser perseguido penalmente.
El artículo 211 Bis 8 propuesto sanciona incluso la “ridiculización” de una persona, un término ambiguo que podría depender de la interpretación de un juez o del político que se considere agraviado.
No es la primera vez que Morena impulsa medidas similares. En Puebla, el entonces gobernador Alejandro Armenta Mier promovió una reforma local conocida como Ley Censura, que castigaba “injurias u ofensas” en internet. En marzo, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó la llamada Ley Anti-Memes, que pedía etiquetar como tal todo contenido humorístico para evitar sanciones; tras la polémica, retiró su propuesta.
México enfrenta un desafío real con la manipulación digital y el acoso en línea, en especial contra mujeres. Pero organizaciones como Artículo 19 han advertido que regular con términos vagos como “ridiculizar” abre la puerta a un efecto inhibidor: usuarios, periodistas y caricaturistas que dejen de expresarse por temor a sanciones.
La crítica política, incluso en forma de humor, está protegida por la Constitución y por estándares internacionales. Una regulación sin salvaguardas para la parodia y la sátira, alertan expertos, puede terminar blindando a los funcionarios frente a la crítica ciudadana y periodística.
