Senado urgió a congresos locales a legislar sobre pérdida de patria potestad por feminicidio

La senadora Ana Lilia Rivera busca proteger a las mujeres, pero también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez.

En la sesión del 13 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen que insta a los congresos locales de diversas entidades federativas a armonizar su legislación en relación con la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en casos de feminicidio.

La iniciativa, propuesta por la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, instó a los congresos locales a realizar ajustes normativos en sus leyes locales para la suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en casos de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso.

Las entidades a las que se dirige este llamado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Jalisco, así como Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.

En el documento, los senadores explican que el 2 de marzo pasado se aprobó una reforma al Código Penal y Civil del estado de Puebla, conocida como “Ley Monzón”, que implica la suspensión de la patria potestad a posibles feminicidas, retirándola si se confirman las sentencias. Este hecho convirtió a Puebla en el primer estado en promulgar una ley de este tipo, estableciendo un precedente esperado por activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas, quienes desean que se convierta en ley nacional.

En consecuencia, los legisladores concuerdan en la necesidad de discutir y analizar modificaciones similares en los códigos penales de todas las entidades federativas. El exhorto busca impulsar la modificación del marco legal del sistema jurídico mexicano con el fin de legislar a favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia feminicida. Además, busca proteger no solo a las mujeres ante la violencia extrema basada en género, sino también garantizar la seguridad y el interés superior de los hijos e hijas que quedan en la orfandad debido al delito de feminicidio.