La madrugada del domingo 22 de febrero, muchos mexicanos amantes del ciclismo nos despertamos con la intención de disfrutar una gran alegría y orgullo, que al final nos dio el triunfo de Isaac del Toro, nuestro querido “Torito”, quien no solo fue el ganador de la Vuelta UAE en Arabia Saudita, sino que lo hizo de una manera extraordinaria, imponiendo un récord y pasando a ser el ciclista número 2 en el ranking mundial, después de Tadej Pogacar.
También el domingo 22 de febrero pasará a la historia como el día en que fue abatido el último de los grandes capos mexicanos, considerado como el más poderoso del mundo. Las Fuerzas Armadas recordarán también a los oficiales caídos en esta batalla campal a cielo abierto, que de manera muy violenta se desarrolló en el estado de Jalisco. Las imágenes que circularon a través de redes sociales, en las que se apreciaron balaceras, enfrentamientos, quemas de vehículos y de edificios, quedarán en la memoria de muchos mexicanos como el fiel reflejo de los graves alcances que ha tenido el crecimiento descontrolado de la delincuencia organizada.
Además de todo lo que ya se ha relatado sobre el despliegue operativo que culminó con el abatimiento de “El Mencho” y de algunos de sus secuaces, cuyos cuerpos serán entregados a sus familiares, será interesante entender lo que sigue, pues queda claro que este flagelo no termina con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tomando en cuenta que vivimos situaciones similares con otros capos en el pasado, cuyas organizaciones delincuenciales no se extinguieron, solo se transformaron.
El domingo 22, la reacción de las células delincuenciales del CJNG ocurrió de diversas formas. Una de ellas, la más dañina para los ciudadanos comunes, fue la quema de vehículos y establecimientos comerciales ocurrida en calles, carreteras y avenidas de varias ciudades del país. Autobuses, camiones de carga, vehículos familiares, tiendas de autoservicio e incluso —con un mensaje que denota vileza— edificios del Banco del Bienestar.
Para una pequeña empresa transportista de turismo mexicana, como las que se encontraban en Puerto Vallarta, la quema de una o dos unidades implica pérdidas de imposible reparación, al menos de manera inmediata. Para una empresa fletera que apenas cuenta con dos unidades de carga, la quema de una de ellas es fulminante para sus operaciones y para sus ingresos. Para una persona común que utilizaba su vehículo para ir al trabajo, la destrucción de ese patrimonio, concretado con mucho esfuerzo a través de años de trabajo, es demoledora.
¿Quién pagará los daños ocasionados a todos estos ciudadanos mexicanos? A algunos de ellos, las compañías de seguros de manera parcial, después de varios trámites burocráticos; otros tendrán que trabajar para reconstruir su patrimonio.
Así las cosas.
