Cada vez que se acercan las elecciones ocurre algo que ya resulta familiar. Empiezan a aparecer discursos sobre inclusión, fotografías con banderas diversas y mensajes que hablan de respeto, igualdad y derechos. Durante un tiempo, la población LGBTIQ+ ocupa un lugar visible en la conversación pública. Después, cuando pasa la contienda, el silencio vuelve a instalarse.
Esto no es casual. Tampoco es un error. Es una forma recurrente de hacer política: usar la diversidad como recurso de campaña.
En San Luis Potosí, esta práctica se repite proceso tras proceso. En tiempos electorales se organizan eventos, se firman compromisos, se publican mensajes incluyentes y se promete atención a las poblaciones históricamente excluidas. La diversidad aparece en discursos y fotografías, pero rara vez se convierte en acciones constantes desde las instituciones.
La población LGBTIQ+ no aparece entonces como sujeto de derechos, sino como símbolo. Sirve para hacer que ciertas personas se vean mejor ante la gente, para proyectar una imagen de apertura o modernidad. Pero ese reconocimiento casi nunca viene acompañado de propuestas claras, presupuesto y políticas públicas que cambien la vida diaria. Se habla de respeto, mientras la violencia continúa. Se habla de igualdad, mientras el acceso al empleo, a la salud y a la justicia sigue siendo limitado.
Esta lógica no es exclusiva de la población LGBTIQ+. También ocurre con otras poblaciones históricamente excluidas, como mujeres, juventudes, personas con discapacidad, personas indígenas o personas migrantes. En distintos momentos, sus demandas se vuelven visibles en discursos y campañas, pero desaparecen cuando se trata de tomar decisiones reales. Cambian los símbolos, pero la lógica es la misma: visibilidad sin garantía, reconocimiento sin transformación.
El problema no es que se hable de diversidad. El problema es cómo y para qué se hace. Cuando los derechos solo se recuerdan en tiempos electorales, dejan de ser derechos y se convierten en estrategia. Se usan cuando ayudan a ganar simpatías y se olvidan cuando exigen cambios reales, presupuesto o decisiones que incomodan.
Muchas personas quizá no lo notan. Escuchan los discursos, ven las imágenes y piensan que ya hay avances. Pero, fuera de las campañas, la realidad cotidiana no cambia. Las agresiones siguen ocurriendo, los servicios no se vuelven accesibles y las decisiones públicas rara vez colocan como prioridad a las poblaciones históricamente excluidas. La visibilidad no se convierte en garantía.
Así, la diversidad cumple una función muy clara: ayudar a que ciertas personas se presenten como incluyentes sin cambiar las mismas desigualdades de siempre. Se vuelve un adorno democrático. Algo que se muestra cuando conviene, pero que no se sostiene cuando se trata de gobernar.
Esta forma de actuar tiene consecuencias. Hace creer que con nombrar los derechos es suficiente. Genera una falsa idea de avance que desactiva la exigencia social. Poco a poco, se normaliza que las poblaciones históricamente excluidas solo sean tomadas en cuenta cuando resultan útiles para obtener votos o apoyo público.
Esto no es una discusión ideológica ni un ataque personal. Es una pregunta sencilla que también aplica para San Luis Potosí: ¿los derechos humanos son un compromiso permanente o solo una herramienta para tiempos electorales? Porque, cuando el reconocimiento depende del calendario, deja de ser un derecho y se convierte en algo que se da y se quita.
La inclusión real no ocurre en los discursos ni en las fotografías. Ocurre cuando hay acciones constantes, recursos suficientes y voluntad para cambiar las condiciones que generan desigualdad. Todo lo demás es una inclusión que solo se ve, pero no se vive.
Mientras la diversidad siga siendo tratada como botín político y no como una responsabilidad permanente del Estado, la democracia seguirá quedando a deber. No por falta de palabras, sino por falta de compromiso con la dignidad de quienes solo son visibles cuando se necesitan votos, pero invisibles cuando se trata de garantizar derechos.
