Durante años se ha repetido que México ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias. Que ya hay procedimientos, que ya hay leyes, que ya no se judicializa la identidad. Pero basta mirar con un poco de atención para notar que, en la práctica, esos avances siguen llenos de condiciones. En algunos lugares, incluso, de cobros.
En San Luis Potosí, el reconocimiento legal de la identidad de género ha tenido avances importantes desde que fue legislado. En distintos momentos, incluso, ha sido posible acceder al trámite sin costo, a través de apoyos institucionales y la gestión de recursos públicos, sin que ello se haya consolidado como una medida permanente. Sin embargo, estos avances no han sido sostenidos ni garantizados de manera estructural. Hoy, el reconocimiento de la identidad de género no es completamente libre ni accesible, pues se encuentra sujeto a un pago. Lo que podría leerse como un detalle administrativo es, en realidad, algo mucho más profundo: ponerle precio a un derecho humano.
El problema no es únicamente el monto. El problema es lo que implica. ¿Qué significa que el reconocimiento dependa de la capacidad económica? ¿Qué mensaje se envía cuando el acceso a un derecho se condiciona? En un contexto donde las personas trans y no binarias enfrentan mayores niveles de exclusión laboral, precariedad y violencia institucional, cualquier cobro se convierte en una barrera real, no simbólica.
Muchas personas nunca han tenido que pensar en esto. Sus documentos siempre han coincidido con su identidad. Nunca han sido cuestionadas al mostrar una credencial, nunca han tenido que explicar su nombre, su género o su existencia frente a una ventanilla. Pero, para otras personas, cada trámite es una exposición, una negociación, una posibilidad de violencia. En ese escenario, pagar por corregir una desigualdad estructural no es neutral: es profundamente injusto.
A veces se dice que “es solo un trámite”. Pero no lo es. Los documentos abren o cierran puertas. Determinan si se puede acceder a servicios de salud, a educación, a un empleo, a programas sociales. Cuando esos documentos no reflejan la identidad de una persona, la vida cotidiana se vuelve un campo minado. Y cuando se decide cobrar por resolver ese problema, se traslada a las personas el costo de una exclusión que no provocaron.
Esto no es una discusión ideológica ni un pleito político. Es una pregunta básica sobre el tipo de sociedad que queremos construir: una donde los derechos se garantizan en igualdad de condiciones o una donde se administran como servicios sujetos a pago. Porque cuando se acepta que un derecho puede cobrarse, se abre la puerta a que otros también lo sean.
Hay algo todavía más preocupante: normalizar este tipo de medidas. Acostumbrarnos a que la dignidad tenga requisitos, a que la identidad sea un trámite más, a que la desigualdad se gestione con recibos de pago. Así, poco a poco, los derechos dejan de ser un piso común y se convierten en privilegios para quienes pueden acceder a ellos.
Reconocer la identidad de género no debería ser un favor ni una concesión. Tampoco un servicio que se compra. Es una condición mínima para que todas las personas puedan vivir con dignidad y ejercer plenamente sus derechos.
Porque la lucha por los derechos de las personas trans y no binarias no concluye cuando estos se nombran en la legislación; continúa frente a cada norma, cobro o práctica que pretenda convertir los derechos reconocidos en privilegios condicionados.
