Actualmente nos encontramos en una transición dentro del sistema de salud pública, donde los Servicios de Salud de San Luis Potosí pasarán a formar parte del IMSS-Bienestar. Más allá del desorden burocrático y la crisis de salud pública que se vive a nivel federal, se está llevando a cabo la inscripción al programa de apoyo para personas con discapacidad, gestionado por la Secretaría de Bienestar, cuya convocatoria concluye el 28 de febrero del año en curso.
Sin embargo, la falta de coordinación entre los órganos públicos involucrados ha generado un vacío de atención, servicio e información. Paradójicamente, quienes resultan más afectados son las mismas personas a las que se intenta ayudar.
Si bien una parte de la población puede completar el proceso sin mayores complicaciones, para muchos otros se ha convertido en un calvario. Para acceder al apoyo, es necesario tramitar un certificado de discapacidad expedido por la institución de salud a la que pertenezca el paciente; es decir, el IMSS, el ISSSTE o los Servicios de Salud. La Secretaría de Bienestar ha establecido que solo se aceptarán certificados emitidos por estos tres organismos públicos, lo que ha generado un problema particular entre los derechohabientes del IMSS.
El conflicto radica en que el IMSS se ha negado a otorgar dichos certificados a sus pacientes, obligándolos a buscar el documento en otras instancias. Esto supone una traba innecesaria para personas que requieren el apoyo y que, en muchos casos, no pueden valerse por sí mismas.
Muchos derechohabientes, siguiendo indicaciones del propio IMSS, acuden a los centros de salud en busca del certificado, solo para encontrarse con otra barrera: los Servicios de Salud no pueden emitir este documento a pacientes que ya reciben atención en el IMSS o el ISSSTE. Así, se genera un limbo burocrático en el que la institución que debería responder por ellos les da la espalda, y otra no puede atenderlos por estar afiliados a un sistema distinto.
El certificado de discapacidad, que debería ser un trámite accesible, se ha convertido en un documento prácticamente imposible de obtener. Esta situación no solo pone en evidencia la falta de coordinación entre instituciones, sino que también profundiza la segregación de las personas con discapacidad en una sociedad que ya de por sí las margina. Una vez más, el gobierno demuestra su capacidad para superar sus propios errores en materia de atención, coordinación y servicio.
