El trágico incidente del 10 de septiembre en Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó y cobró vidas inocentes, ha expuesto, una vez más, las profundas grietas en el tejido social y de gobierno de nuestro país. Más allá del accidente mismo, lo que realmente nos golpea es la ineficiencia de nuestra respuesta como nación.
Lo que debía ser una operación de rescate y atención de emergencia se convirtió en una cruda demostración de un sistema de salud que no está a la altura de las circunstancias; uno incapaz de atender las necesidades básicas de una población, mucho menos una catástrofe que sacuda a toda una nación.
Las denuncias de falta de insumos y medicinas en los hospitales que recibieron a las víctimas no son solo un fallo administrativo: son una traición a la confianza pública. Mientras las autoridades se apresuraron a emitir comunicados, condolencias y negar la falta de material y medicamentos para que las personas fueran atendidas, las familias de los heridos se enfrentaban a una realidad mucho más dura: la escasez.
Esta situación demuestra que el sector salud en México, en lugar de ser un pilar de seguridad y bienestar, se ha convertido en una estructura frágil, burocrática y desprovista de los recursos esenciales para actuar en momentos de crisis.
El hecho de que una tragedia como esta tuviera que ser la razón para que el gobierno movilizara medicamentos e insumos —algo que debió atenderse con la máxima prontitud y eficiencia— hace aún más evidente la carencia de lo más elemental. Demuestra que el estado de nuestro sistema de salud no solo no es apto para un desastre, sino que tampoco puede asegurar la atención diaria de sus ciudadanos.
La pipa de Iztapalapa no solo transportaba gas: llevaba consigo una advertencia. El sistema fallido de salud nos está dejando a la deriva, vulnerables y desprotegidos ante cualquier eventualidad.
