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¿Patrullas ciudadanas o vacío de autoridad?

¿Patrullas ciudadanas o vacío de autoridad? ¿Patrullas ciudadanas o vacío de autoridad?

En días recientes, José Luis Romero Calzada, un ciudadano conocido por su escandalosa vida ha anunciado públicamente que, en este mes de enero, pondrá en operación tres “patrullas ciudadanas” en Ciudad Valles.

La pregunta no es menor ni exagerada: ¿esto es legal, responsable o peligroso para la ciudad?

En México, la seguridad pública no es un acto de buena voluntad ni un proyecto personal; es una función exclusiva del Estado, regulada por la Constitución y las leyes en materia de seguridad pública.

La participación ciudadana existe, sí, pero no incluye la facultad de patrullar, detener, vigilar o asumir funciones policiales por cuenta propia.

Cuando un particular anuncia patrullas “ciudadanas” sin un marco legal claro, sin transparencia y sin control institucional, se encienden varias alertas:

  • Confusión de autoridad: la ciudadanía no tiene por qué adivinar quién es policía y quién no.
  • Riesgo de abuso: ¿quién responde si se detiene ilegalmente a una persona o ocurre un incidente?
  • Normalización del vacío institucional: cuando el Estado no garantiza seguridad, aparecen “salvadores” improvisados.
  • Terreno fértil para la captura del poder local: así han comenzado en otras regiones esquemas de control territorial, simulación de seguridad y, en el peor de los casos, vínculos con intereses criminales.

Es una preocupación legítima cuando la seguridad empieza a privatizarse, politizarse o utilizarse como plataforma de posicionamiento personal.

La pregunta clave es clara y debe responderse públicamente:

¿Estas patrullas tienen autorización oficial?
¿Quién las regula, supervisa y sanciona?
¿Con qué recursos operan y bajo qué responsabilidad legal?

La seguridad de Ciudad Valles no puede depender de ocurrencias, protagonismos ni simulaciones.

Si el municipio es incapaz de garantizarla, debe rendir cuentas.
Y si un particular pretende suplirla, también debe hacerlo dentro de la ley o no hacerlo en absoluto.

La ciudadanía no necesita patrullas “de buena fe”.
Necesita instituciones fuertes, policías profesionales y autoridades que no se escondan.

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