Desde diciembre de 2019, la revocación de mandato debería ser una figura presente en la Constitución de San Luis Potosí. Su propósito es claro: permitir que los ciudadanos destituyan a los mandatarios que no cumplen con su trabajo. Un concepto sencillo para algunos, pero demasiado peligroso para otros.
El presidente de la Jucopo en el congreso potosino, Héctor Serrano Cortés, asegura que esto no le quita el sueño al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona porque “está muy bien posicionado, siempre en los primeros cinco lugares de aprobación”. Si esto es así, ¿por qué no homologar la legislación estatal con la federal? La respuesta es obvia: porque saben que la revocación no es un simple trámite burocrático, sino una bomba política de tiempo.
El malestar social es real. La inseguridad sigue desbordada, las calles son más peligrosas que nunca, y los ciudadanos pagan el precio de decisiones fiscales cuestionables. En este contexto, darle a la gente la posibilidad de remover a su gobernador es como jugar con fuego, y parece que en el gallardismo prefieren no arriesgarse a una quemadura de tercer grado.
¿Acaso no hubo millones para la Fenapo? ¿No hay recursos para la Arena Potosí? ¿Y qué hay del helipuerto personal del gobernador o el canal navegable en el Parque Tangamanga? ¿Por qué hay recursos para estos rubros, pero no para fortalecer la democracia?
rSerrano Cortés habla de “otras prioridades”. ¿Se refiere a financiar con dinero público la campaña de la senadora Ruth González para la gubernatura en 2027? ¿O a mantener la maquinaria política bien aceitada para que todo siga igual?
Aquí no hay casualidades. Mientras la gente lucha contra la inseguridad y los impuestos, el gobierno se aferra a sus propias prioridades: el espectáculo, la propaganda y la autopromoción.
