La diputada Gabriela Martínez Lárraga planteó homologar las penas con la legislación federal ante el incremento de estos crímenes.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprueba por unanimidad reformas en penas por feminicidio, violación y abuso sexual
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí ha aprobado por unanimidad un decreto que reforma varios artículos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Estas reformas tienen como objetivo armonizar las penas para los delitos de feminicidio, violación y abuso sexual con las establecidas en el Código Penal Federal.
La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien argumentó la necesidad de fortalecer la legislación para combatir la creciente violencia sexual contra mujeres y menores de edad en el estado. Los delitos de feminicidio, violación y abuso sexual han sido objeto de reformas tanto a nivel nacional como internacional para proteger los derechos humanos de las víctimas.
En virtud de estas reformas, las penas para el delito de feminicidio se han aumentado de 20 a 50 años de prisión a una pena de cuarenta a sesenta años de prisión, además de una sanción pecuniaria de cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización. Si la víctima es una niña o adolescente, la pena se aumentará en una cuarta parte.
En el caso de la violación, la pena ha aumentado de 8 a 16 años de prisión a una pena de ocho a veinte años de prisión, junto con una sanción pecuniaria de ochocientos a dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización, además de la reparación del daño. Se considera violación también cuando se introduce cualquier elemento o instrumento en la persona menor de dieciocho años o que no pueda comprender el acto o resistirlo, y se ejerce violencia física o moral, en cuyo caso la pena se aumenta hasta en una mitad.
Para el caso de la violación en la que intervienen dos o más personas, se impondrá una pena de diez a veintidós años de prisión y sanción pecuniaria de mil a dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización, además de la reparación del daño.
Finalmente, en el abuso sexual, que tenía una pena de 2 a 5 años de prisión, la pena se ha incrementado a seis a diez años de prisión y una sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
La diputada resaltó la importancia de estas reformas para proteger los derechos humanos y combatir la violencia sexual en el estado.
