El respaldo del alcalde David Medina genera preocupaciones sobre la integridad y transparencia en el caso.
Recientemente, se dio a conocer que Francisco José Gómez Faisal, titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) de Ciudad Valles, ha sido vinculado a proceso por un Juez de Control. Ante esta situación, surge la interrogante de si debería ser separado de sus funciones mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra.
El respaldo inmediato del alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, hacia Gómez Faisal ha generado controversia. Ante la cuestión de si sería adecuado separarlo de su cargo, el alcalde argumentó que no se puede prescindir de funcionarios en su administración por acusaciones sin una sentencia definitiva; sin embargo, esta postura plantea inquietudes en relación a la integridad del proceso y a la imagen de la institución que representa.
Si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia es fundamental en el sistema legal mexicano, también es importante considerar las implicaciones éticas y administrativas de mantener a un funcionario público en su cargo mientras enfrenta un proceso judicial por presuntas faltas graves. Esto adquiere aún mayor relevancia en un área tan sensible como la gestión del agua y el saneamiento, que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, la suspensión del empleo, cargo o comisión es una de las sanciones administrativas que pueden imponerse a los servidores públicos por la comisión de faltas graves. Esta medida tiene como objetivo evitar la interferencia en la investigación y garantizar el correcto funcionamiento de la institución.
En este contexto, resulta imprescindible que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o el órgano interno de control correspondiente realicen una evaluación imparcial y transparente de la situación. La gravedad de las acusaciones y el impacto potencial en la gestión de los servicios públicos deben ser considerados de manera rigurosa.
Asimismo, es necesario garantizar que no exista una interferencia política en la toma de decisiones sobre la separación de un funcionario público vinculado a proceso. La autonomía e independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia y de vigilar la conducta de los servidores públicos deben ser respetadas y fortalecidas.
Si bien se reconoce el principio de presunción de inocencia, también se deben considerar los intereses de la comunidad y la necesidad de asegurar una gestión transparente y eficiente de los servicios públicos. La separación de Francisco José Gómez Faisal de sus funciones durante el proceso legal debe ser evaluada con imparcialidad y con el objetivo de proteger el interés público. La transparencia y la integridad deben primar en este tipo de situaciones para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el cumplimiento de la ley.
