La diputada Rocío Corona Nakamura busca garantizar la inclusión de infantes que requieran prolongada estancia hospitalaria.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su propuesta tiene como objetivo garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes que enfrentan patologías o condiciones médico-funcionales que requieren tratamientos prolongados o estancias hospitalarias.

En su iniciativa, la diputada propone la adición de una fracción XXIII al artículo 57 de la mencionada ley. Esta adición busca establecer que las autoridades deben asegurar que los menores que enfrentan condiciones médicas que les impiden asistir regularmente a una escuela tengan acceso a la educación durante su tratamiento. Para lograr esto, se propone la creación de aulas hospitalarias debidamente equipadas, donde personal calificado pueda brindar educación a estos menores.

La legislación actual no aborda de manera adecuada la protección del derecho a la educación de los menores que requieren estancias hospitalarias prolongadas. Esto conduce a graves consecuencias tanto en el presente como en el futuro de estos infantes. La falta de acceso a la educación durante su tratamiento invisibiliza sus necesidades educativas y limita sus oportunidades de desarrollo académico y personal.

María del Rocío Corona Nakamura destaca que esta situación ha sido descuidada y olvidada, lo que ha llevado a que muchos menores se vean obligados a abandonar sus estudios o enfrenten una deserción escolar forzada. Esto es inaceptable en una sociedad que valora la educación como un derecho fundamental.

La diputada argumenta que es esencial proteger el derecho a la educación de estos menores cuando su condición médica requiere una hospitalización prolongada. La atención integral de su salud y su desarrollo educativo deben ir de la mano y estar en perfecta armonía. Negarles el acceso a la educación durante su tratamiento es una injusticia que debe ser corregida de inmediato.

En México, se ha avanzado en la garantía de los derechos de los menores en áreas como la educación y la salud. Sin embargo, se ha pasado por alto la necesidad de atender de manera específica a aquellos que enfrentan condiciones médicas que afectan su continuidad educativa. Esto ha creado un problema significativo para este segmento de la población, que merece una atención y una solución inmediata.

La diversidad y gravedad de las patologías que afectan a niñas, niños y adolescentes están en constante aumento. Esto hace que sea aún más urgente atender sus necesidades educativas y encontrar formas de compatibilizarlas con sus necesidades médicas. Ignorar esta realidad sería condenar a estos menores a una doble vulnerabilidad, afectando gravemente su desarrollo académico y personal.

Además, la diputada señala que el rango de edad en el que se presentan y desarrollan estas patologías se ha ampliado. Anteriormente, se consideraba que los mayores riesgos para la vida de un menor estaban en edades tempranas, de 1 a 4 años. Sin embargo, la evidencia médica actual demuestra que esta no es necesariamente la norma. Hay un creciente número de adolescentes que enfrentan enfermedades crónicas que requieren tratamientos prolongados y largas hospitalizaciones.

En México, existen 42 millones 561 mil 974 menores de edad con diversas necesidades y grados de marginación. Todos ellos son propensos a la vulnerabilidad propia de la edad, lo que hace que sea imperativo identificar y atender sus necesidades de manera adecuada y oportuna.

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