La investigación de Ciudadanos Observando reveló revela la irresponsabilidad preocupante en la dependencia del gobierno potosino.
El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) se encuentra en medio de una controversia debido a su negativa de pagar el suministro de agua potable, acumulando una deuda alarmante de 705 mil 544 pesos al Interapas, según reveló una investigación realizada por la organización Ciudadanos Observando.
Anteriormente, el Inpojuve pagaba únicamente un consumo promedio de agua, lo cual resultaba considerablemente inferior a la cantidad real que consumía; sin embargo, después de que Interapas, organismo encargado del suministro de agua en la región, realizara una revisión exhaustiva, se determinó la necesidad de realizar una adecuación en el sistema de facturación, con el fin de que el instituto pagara en función de su consumo real.
A partir de finales del año 2022, fecha en que se llevó a cabo dicha adecuación, el Inpojuve dejó de pagar por completo el vital líquido, generando una deuda que ha superado los 705 mil pesos. Este incumplimiento por parte del instituto sienta un precedente preocupante, ya que se espera que sean los primeros en mostrar responsabilidad y cumplir con la obligación de pagar por el agua que consumen. Resulta injusto que la ciudadanía responsable cumpla con sus obligaciones mientras una entidad gubernamental incumple la suya.
Por tanto, la titular del Instituto Potosino de la Juventud, Jaqueline Alejandra Camacho Arriaga, es llamada a responder por este acto de irresponsabilidad, dado que es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones institucionales. Como instituto perteneciente al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se espera que el Inpojuve dé el ejemplo y asuma su responsabilidad en el pago del agua consumida.
La situación actual del Inpojuve ha generado malestar y preocupación en la comunidad, ya que este incumplimiento por parte de una institución gubernamental transgrede los principios de responsabilidad y equidad. Es imperativo que se tomen las medidas necesarias para resolver esta situación y que el Inpojuve cumpla con su obligación de pagar por el agua que consume, en aras de mantener la confianza de la ciudadanía y fomentar una cultura de responsabilidad en el uso y pago de los servicios públicos.
