El amparo concedido a la Colectiva ILE permitirá interrumpir el embarazo sin que las potosinas sean perseguidas penalmente.
La Colectiva ILE logró un avance significativo en la lucha por los derechos reproductivos en San Luis Potosí, al obtener una sentencia de amparo que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Este fallo, emitido por el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito, convierte a San Luis Potosí en el decimonoveno estado de México en adoptar esta medida.
La resolución, registrada bajo el expediente 765/2024, declara la inconstitucionalidad de varios artículos tanto de la Constitución local como del Código Penal estatal que previamente criminalizaban el aborto. En consecuencia, el H. Congreso de San Luis Potosí está obligado a eliminar los artículos impugnados, lo que representa un paso fundamental en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Los artículos declarados inconstitucionales incluyen el 16 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 148 (fracciones I y II), 149 y 150 (fracción III) del Código Penal de San Luis Potosí.
Durante una conferencia de prensa, integrantes de la Colectiva ILE y abogados del Colectivo Praxis Combativa destacaron la relevancia de esta sentencia y el apoyo jurídico recibido, incluso en medio del paro del Poder Judicial de la Federación (PJF). Según los abogados, la urgencia del caso fue considerada bajo la circular 16/2024 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lo que permitió que el proceso avanzara.
Además de eliminar las sanciones penales, este fallo impulsa la reforma de la Ley de Salud del estado para garantizar el acceso a servicios de calidad, información y educación sobre derechos reproductivos. Las activistas subrayaron que la plena implementación de esta sentencia dependerá de cambios normativos que aseguren la disponibilidad de estos servicios.
La sentencia también se suma a una resolución previa del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), que instruye al Congreso a discutir una iniciativa ciudadana presentada por la Colectiva ILE antes del 26 de noviembre de 2024. Estas dos resoluciones crean una base sólida para el progreso legislativo en materia de derechos reproductivos.
Sin embargo, las integrantes de la Colectiva ILE advirtieron que, aunque el fallo representa un gran logro, el verdadero desafío será garantizar su implementación efectiva. Llamaron a continuar ejerciendo presión para lograr las reformas necesarias que faciliten el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Desde el 23 de septiembre, las mujeres y personas gestantes ya no enfrentan sanciones penales por interrumpir su embarazo. Ante posibles obstáculos en la obtención de servicios, la Colectiva ILE ofrece asesoría jurídica gratuita a través de sus plataformas digitales.
El juez consideró que el plazo de 12 semanas es razonable para que las personas tomen decisiones informadas, y destacó que las leyes que penalizan el aborto afectan desproporcionadamente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, perpetuando desigualdades.
Por último, la Colectiva ILE y el Colectivo Praxis Combativa instaron a los legisladores a respetar y cumplir las resoluciones judiciales, insistiendo en la urgencia de avanzar en la reforma legislativa sobre derechos reproductivos. La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud, reafirmó el compromiso de actualizar la normativa local para respaldar estos derechos en el sistema de salud y garantizar su despenalización.
