El linchamiento de los presuntos homicidas de Camila, menor de 8 años, pone de manifiesto un problema creciente en el país como lo son los linchamientos.
La muerte de Camila, una niña de ocho años en Taxco de Alarcón, Guerrero, ha desencadenado una ola de indignación que culminó trágicamente en el linchamiento de tres personas presuntamente relacionadas con su asesinato. Ana Rosa “N”, señalada como la responsable, fue brutalmente golpeada por una multitud enfurecida que la sacó de su hogar, resultando en su fallecimiento.
Este incidente trágico resalta un problema cada vez más preocupante en México: el aumento de los linchamientos. Estudios realizados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco indican que, desde 1992 hasta 2022, se han registrado en promedio 3.5 linchamientos o intentos de linchamiento cada mes. Entre 2016 y 2022, se documentaron mil 423 casos de linchamientos y 196 intentos.
Los expertos consideran que estos actos son una forma de respuesta punitiva no legal ante la crisis de autoridad y la pérdida de confianza en los sistemas de procuración y administración de justicia. A pesar de estar prohibidos por la Constitución, los linchamientos continúan ocurriendo, lo que refleja una crisis en la impartición de justicia y una violación de los derechos de los acusados.
Aunque existe una definición clara de linchamiento, los académicos distinguen algunos elementos que facilitan su observación empírica, como el hecho consumado y los intentos fallidos de provocar la muerte. Otro aspecto fundamental es el carácter generalmente anónimo de los participantes en el acto, que actúan de manera punitiva y anónima, condicionado por la duración de la acción y el grado de violencia ejercida.
Las estadísticas muestran que los estados con más casos de linchamientos son el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, con motivaciones que van desde el robo hasta la violación. En respuesta a esta preocupante tendencia, la senadora Josefina Vázquez Mota propuso en 2022 una iniciativa para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal, buscando abordar el hartazgo ciudadano y la desconfianza en las instituciones de seguridad.
Recientemente, el Senado aprobó una reforma para mejorar los protocolos de actuación de los primeros respondientes, con el objetivo de fortalecer la respuesta inmediata a los delitos y preservar la evidencia. Este cambio legislativo representa un paso hacia la restauración de la confianza en la justicia penal y la prevención de la justicia por mano propia.
