Durante las próximas semanas, la Suprema Corte emitirá una determinación en torno a la eliminación de esta medida.
Durante las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará una decisión crucial sobre la eliminación de la prisión preventiva de oficio. En la conferencia matutina del 16 de abril de 2024, María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, expresó su preocupación por la posible invalidación del artículo 19 Constitucional.
Alcalde explicó que esta decisión surge a raíz de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, la cual obliga a México a ajustar sus leyes para eliminar la prisión preventiva en el país. Sin embargo, Alcalde argumenta que la Corte “atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar cómo debe cumplirse, sin considerar otras instituciones”. Entre ellas, destaca que el Congreso de la Unión debería analizar las posibles repercusiones de modificar el artículo 19 constitucional.
En este contexto, Alcalde expresó su preocupación al considerar que la Suprema Corte está excediendo sus facultades y no está evaluando adecuadamente las repercusiones en la paz y seguridad del país de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Como respuesta, la Segob envió una carta a los ministros para plantear estos señalamientos.
Según Alcalde, la eliminación de la prisión preventiva resultaría en la liberación de más de 68 mil presuntos delincuentes actualmente en prisión bajo este precepto. Además, compartió un listado de la cantidad de presos según los delitos de los cuales son acusados y los estados que se verían más afectados por esta medida.
Por otro lado, los organismos que piden modificar la ley argumentan que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos. En 2021, Intersecta en colaboración con Animal Político realizó una investigación que concluyó que esta medida castiga a la pobreza y no contribuye al combate a la impunidad y la violencia.
Así, el debate sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa mantiene opiniones divididas, donde la postura del Gobierno se contrapone con la de las organizaciones internacionales como la CIDH.
