La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló dos presuntos centros de procesamiento ilícito de hidrocarburos en San Luis Potosí durante una serie de operativos coordinados con la Guardia Nacional y corporaciones estatales, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, los aseguramientos forman parte de un despliegue nacional en el que fueron intervenidos cuatro inmuebles presuntamente utilizados para el procesamiento ilegal de combustible, dos de ellos ubicados en territorio potosino.
Aseguran tanques, contenedores y maquinaria en la capital potosina
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre una nave industrial en la capital de San Luis Potosí, donde presuntamente ingresaban de manera constante autotanques relacionados con actividades ilícitas.
Con una orden de cateo autorizada por un juez, agentes federales aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, además de ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales y 894 contenedores con capacidad de mil litros.
También fueron decomisados una máquina asfaltadora, un generador eléctrico, una máquina portátil para trabajos en tubería, una planta de luz, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, diversa documentación, una camioneta tipo pick up y el inmueble donde presuntamente operaba el centro de procesamiento.
También aseguraron un predio en Villa de Reyes
El segundo operativo se llevó a cabo en la comunidad de Laguna de San Vicente, en el municipio de Villa de Reyes, donde las autoridades federales aseguraron un predio que presuntamente era utilizado para actividades relacionadas con el procesamiento ilegal de hidrocarburos.
La FGR no informó sobre personas detenidas durante los cateos.
Las investigaciones continúan
La Fiscalía General de la República informó que ambos inmuebles y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
La dependencia señaló que las investigaciones continuarán para determinar el funcionamiento de estos centros, identificar a los responsables y deslindar responsabilidades penales por posibles delitos relacionados con el robo, almacenamiento y procesamiento ilícito de combustibles.
