El 25 de febrero de 2026, en una sala donde las audiencias se habían aplazado tantas veces que el tiempo parecía haberse vuelto parte del expediente, una juez pronunció por fin la sentencia: 175 años de prisión contra Filiberto Hernández Martínez por feminicidio agravado.
Antes de ese momento hubo un silencio breve, casi incrédulo.
Luego, los abrazos.
Algunos de quienes estaban ahí llevaban más de una década esperando escuchar esas palabras. Habían aprendido a medir el tiempo de otra forma: en días de búsqueda, en noches sin dormir, en audiencias suspendidas, en llamadas que nunca traían respuestas.
Habían aprendido, también, que la justicia no siempre avanza.
Que puede detenerse, extraviarse, ponerse en duda.
Y que, durante años, este caso estuvo cerca de hacerlo.
Habían pasado más de once años desde su detención y la resolución puso fin, al menos en términos judiciales, a uno de los procesos más prolongados en la historia reciente de San Luis Potosí.
Un hombre que nadie miró dos veces
Antes de los crímenes, la Huasteca Potosina era, para muchos, un territorio donde la violencia parecía lejana. En Tamuín, la vida transcurría entre rutinas previsibles y espacios compartidos.
Filiberto Hernández Martínez formaba parte de ese entorno.
Nacido en 1971 en Ébano, creció en condiciones modestas en Tamuín. Fue descrito por vecinos como atento, respetuoso, alguien que saludaba a todos. Dio clases de karate y participó como catequista.
A los 17 años se enlistó en el Ejército Mexicano. Años después desertó. Su vida se volvió fragmentada para su familia.
Nada en esa trayectoria anticipaba lo que vendría.
Desapariciones que no parecían conectadas
Antes de que el caso tuviera nombre, lo que había eran ausencias.
Entre 2010 y 2014, en Tamuín y sus alrededores, varias niñas, adolescentes y una mujer adulta desaparecieron en trayectos cotidianos. Salían de casa rumbo a la escuela o al trabajo. No regresaban.
Durante un tiempo, los casos se trataron como hechos aislados. No había una narrativa común, solo interrupciones dispersas. Fue hasta que los restos comenzaron a aparecer en los cañaverales —entre Tamuín y Ciudad Valles— cuando la repetición dejó de ser coincidencia.
El 3 de julio de 2014, la detención de Filiberto Hernández Martínez —conocido a la postre como “La Bestia de Tamuín“— dio forma a esa serie de fragmentos. Exmilitar, conocido en la comunidad por impartir catecismo y actividades físicas, confesó los asesinatos y señaló los sitios donde ocultó los cuerpos.
El miedo encontró un nombre, pero el proceso apenas comenzaba.
Cuando las autoridades no buscaron
El 24 de mayo de 2011, Adriana Martínez Campuzano, de 13 años, salió de su casa rumbo a la secundaria. Antes de irse, se acercó a su madre y le dio un beso en la mejilla.
Nunca regresó.
Las horas siguientes transcurrieron entre llamadas, recorridos y preguntas sin respuesta. A las cinco de la tarde, su madre acudió a la comandancia. Ahí encontró otra forma de ausencia.
Le dijeron que debía esperar 72 horas para levantar una denuncia. Que probablemente la menor se había ido con el novio. Que regresaría.
No regresó.
La búsqueda comenzó fuera de las instituciones. Maestros imprimieron volantes. Compañeros recorrieron calles. Vecinos compartieron su imagen.
Ese mismo año, la entonces diputada federal Rosa María de la Garza Ramírez presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados en el que exhortó a las autoridades de San Luis Potosí a esclarecer el caso y advirtió sobre deficiencias en la investigación, así como la falta de respuesta institucional. El documento señalaba que se habían sostenido líneas que descartaban la comisión de un delito, pese a los indicios en sentido contrario.
La alerta existía. No cambió el rumbo.
Buscar cuando el tiempo deja de tener sentido
El 6 de mayo de 2014, Eliehoenai Chávez Rivera desayunó con su padre antes de salir a trabajar.
Fue una mañana común.
Horas después, dejó de responder llamadas.
Las cámaras de seguridad la captaron saliendo de su lugar de trabajo. A las 7:43 de la noche se registró el último contacto.
Después, silencio.
Su familia inició la búsqueda al día siguiente. El tiempo comenzó a medirse en ausencia: horas sin noticias, recorridos repetidos, noches sin descanso.
En septiembre de 2025, su padre, Guadalupe Chávez Martínez, recordaba:
Durante los días de búsqueda, uno no sabe si come o si duerme.
Guadalupe Chávez Martínez
Pasaron 55 días.
Durante ese tiempo, además de la incertidumbre, llegaron llamadas de extorsión. Promesas falsas que obligaban a moverse, a creer, a esperar.
Una madrugada acudió al puente “La Lagartija”, en Ciudad Valles, punto señalado por quienes aseguraban tener a su hija. Esperó horas.
Nadie llegó.
En medio de esa incertidumbre, intentó entender a quién enfrentaba.
Sabía que Filiberto había formado parte de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano y que, tras desertar, había vivido en Ciudad Juárez.
Esa información lo llevó a plantear una posibilidad inquietante: que pudiera estar vinculado con “las muertas de Juárez”, un concepto que alude a la grave ola de feminicidios y desapariciones de mujeres en la ciudad fronteriza, fenómeno que comenzó a manifestarse de manera sistemática a inicios de la década de 1990..
Pidió que se investigara.
Nunca obtuvo una respuesta clara.
Años después, cuando las autoridades le ofrecieron ver el cuerpo, se negó.
“El último recuerdo que quiero tener es cuando comimos juntos”.
Guadalupe Chávez Martínez
El dolor que no se va
El tiempo no borra. Se queda.
En diciembre de 2025, Sandra Campuzano Nava hablaba de su hija Adriana sin distancia:
“Yo quiero que la gente me vea fuerte, pero no se puede”.
Sandra Campuzano Nava
Su hijo menor la escuchaba llorar por las noches.
“¿Mami, usted cree que yo no la he escuchado cuando se pone a llorar por las noches en su cuarto gritando el nombre de Adriana?”
Decidió irse de la región. Cambiar de ciudad. Alejarse de los lugares donde todo ocurrió.
Pero el dolor no se mueve con uno.
“Una parte de mí está muerta en vida”.
Sandra Campuzano Nava
Un proceso que nunca fue firme
La detención en 2014 no significó justicia inmediata.
El proceso judicial se extendió durante más de una década. Amparos, recursos legales y diferimientos retrasaron la resolución.
Pero el tiempo no fue el único obstáculo.
El caso arrastraba debilidades: investigaciones incompletas, dependencia de confesiones, ausencia de pruebas sólidas en algunos expedientes.
La justicia avanzaba. No siempre con certeza.
El momento en que todo pudo perderse
En mayo de 2017, el caso volvió a tambalearse.
Familiares denunciaron que un juez había extraviado evidencia clave.
La acusación evidenciaba algo más profundo: la fragilidad del proceso.
La defensa sostenía que el caso se basaba en una confesión presuntamente obtenida bajo tortura. Peritajes posteriores no confirmaron esa versión, pero la debilidad estructural persistía.
La posibilidad de absolución dejó de ser lejana. Las familias lo entendieron así y advirtieron que podía quedar libre.
Organizaciones y representantes legales intervinieron. Promovieron un amparo que obligó a reforzar el caso con nuevos peritajes.
Sin esa intervención, el proceso podía haberse derrumbado.
El día en que llegó la sentencia
El 25 de febrero de 2026, la resolución finalmente se concretó.
En la sala, la noticia no se recibió en silencio. Hubo llanto. Abrazos. Una reacción contenida durante años que, por primera vez, encontraba un punto de salida.
Familiares de Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años, y de las niñas Itzel Romany Castillo Torres, de 11, y Dulce Jimena Reyes Hernández, de 9, escucharon la sentencia con una mezcla de alivio y desgaste acumulado.
Sabían, al fin, que el responsable no saldría de prisión.
Guadalupe Chávez Martínez, padre de Eliehoenai, lo expresó así:
Me siento satisfecho, pero su castigo no cubre el dolor ni la pérdida. La vida de nuestras hijas vale más que cualquier pena.
Gloria Castillo, madre de Itzel, recordó lo que implicó llegar hasta ese momento:
Nada devuelve la vida de ellas, pero es lo que necesitábamos saber… que se va a quedar en la cárcel para siempre.
Daniela Reyes, madre de Dulce Jimena, habló de un temor constante: la posibilidad de que quedara libre.
La juez Rosa Elena Blanco Ríos otorgó valor probatorio a las pruebas presentadas por la fiscalía y la asesoría legal de las familias. La sentencia fue de 175 años de prisión con cinco meses, al tratarse de feminicidio agravado, incluidos casos de menores de edad.
La justicia que llega tarde también cuenta una historia
La sentencia puso un punto final en los expedientes, pero no en la historia.
Porque lo que ocurrió en Tamuín no se explica solo por los crímenes, sino por todo lo que vino después: las primeras horas en que nadie buscó, las advertencias que no cambiaron nada, los años en que el caso se sostuvo apenas, como si en cualquier momento pudiera romperse.
Hubo un tiempo en que la posibilidad no era la condena, sino la impunidad. Y aun así, las familias siguieron.
Buscaron cuando no había respuestas.
Insistieron cuando el proceso se detenía.
Sostuvieron el caso cuando el sistema no lo hacía.
Hoy hay una sentencia. Pero también queda otra certeza, menos visible y más incómoda: que sin esa insistencia, sin esa resistencia, la historia habría podido terminar de otra forma.
