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Expediente Doenitz: ¿Por qué los alumnos de la academia militar no denunciaban?

Exalumnos de la Academia Militarizada ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió Dafne Zapata, rompieron el silencio tras años de abusos en la institución.
Expediente Doenitz: ¿Por qué los alumnos de la academia militar no denunciaban? Expediente Doenitz: ¿Por qué los alumnos de la academia militar no denunciaban?

El trágico fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata Quintos destapó un historial de castigos severos, amagos académicos e intimidación sistemática al interior de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, plantel privado de formación castrense con amplia trayectoria en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Tras el deceso de la menor, diversos exalumnos han comenzado a romper el silencio que imperó durante años en la institución. Entre las declaraciones recabadas destaca la de Esperanza Bedoya Guerrero, exintegrante de la comunidad escolar, quien detalló el trasfondo por el cual las víctimas y testigos de violencia física y verbal preferían guardar reserva.

De acuerdo con el testimonio de Esperanza Bedoya, las directivas e instructores del plantel ejercían un control coercitivo sobre el alumnado, utilizando el historial y la documentación académica como principal mecanismo de chantaje.

“Muchas veces se nos amenazaba con los papeles, con que no se nos iban a entregar”, expuso la exestudiante, señalando que el temor a perder sus estudios o ver bloqueado su futuro escolar frenaba cualquier intento de queja institucional o denuncia formal.

El esquema de coacción no finalizaba con el egreso. Según relató la testigo, las secuelas psicológicas y la desconfianza acumulada provocaban que la mayoría de los exalumnos optara por cortar todo vínculo con el colegio para no revivir las agresiones ni enfrentar represalias posteriores por parte del personal directivo.

A raíz de la muerte de Dafne Zapata, un sector de egresados y familias ha decidido articularse públicamente para instar a las autoridades judiciales a que profundicen las investigaciones y determinen las responsabilidades penales e institucionales correspondientes.

Bedoya Guerrero enfatizó que, pese al ambiente de amedrentamiento que aún rodea al establecimiento militarizado, la prioridad de la comunidad afectada es sentar un precedente legal que impida la continuidad de este tipo de prácticas en la zona.

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