Los legisladores potosinos incrementaron la pena a 7 años y hasta 700 UMAS para quienes cometan este delito.
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal del estado con el objetivo de abordar y sancionar de manera más severa el delito de violencia familiar. Estas reformas incluyen varios cambios significativos:
- Inclusión del maltrato físico: Se agrega el maltrato físico como una conducta de violencia familiar, ampliando así el alcance de las acciones consideradas como delito en este contexto.
- Incremento de las penas y sanciones pecuniarias: Se aumentan las penas por la comisión del delito de violencia familiar, con una pena de uno a siete años de prisión y una sanción pecuniaria de ciento veinte a setecientos días de la unidad de medida y actualización.
- Tratamiento psicológico especializado: Se incorpora la obligación de proporcionar tratamiento psicológico especializado para corregir conductas de violencia familiar, reconociendo la importancia de abordar tanto las causas como las consecuencias psicológicas de este tipo de violencia.
- Definición de tipos de violencia familiar: Se establecen distintos tipos de violencia familiar, como la económica, emocional, física, patrimonial, psicológica y sexual, con el fin de brindar una mayor claridad y precisión en la identificación y sanción de estas conductas.
- Agravantes y equiparación de penas: Se prevé el aumento de la pena en una mitad en casos de violencia familiar cometida en presencia de niñas, niños, hijas, hijos o familiares, así como la equiparación de la violencia familiar en relaciones de hecho con penas similares a las de otros tipos de violencia familiar.
- Medidas preventivas y de protección a la víctima: Se establece la obligación del Ministerio Público de exhortar al agresor para que se abstenga de conductas ofensivas y se dicten medidas preventivas necesarias, incluida la prohibición de acercamiento al ofendido en un radio de al menos 100 metros.
Estas reformas buscan fortalecer el marco legal para combatir la violencia familiar, garantizando una mayor protección a las víctimas y una respuesta más contundente ante este tipo de delitos.
