En el Pleno, los diputados aprobaron medidas para sancionar a deudores y proteger a las personas acreedoras de la pensión alimenticia.
Durante una importante sesión plenaria, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un significativo dictamen que introduce reformas en el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la pensión alimenticia por parte de los obligados. Esta medida fue impulsada por la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, quien destacó la importancia de proteger el bienestar de las acreedoras y garantizar el sostenimiento adecuado de los beneficiarios.
El dictamen aprobado incluye tres modificaciones clave en los artículos 152, 165 y 167 BIS del Código Familiar. La primera reforma establece que una persona se considerará deudora alimentaria morosa si incumple con el pago de la pensión alimenticia durante sesenta días consecutivos. Esta medida busca sancionar a aquellos obligados que, de manera injustificada, descuidan sus responsabilidades en el sostenimiento de sus dependientes.
Además, la segunda modificación establece que si un deudor no cumple con el pago de cuatro pensiones en un lapso de dos años, también se le considerará como deudor alimentario moroso. Esta nueva hipótesis permitirá identificar a aquellos que, a pesar de no acumular sesenta días continuos de incumplimiento, presentan un patrón de falta de pago preocupante y que afecta gravemente a las personas que dependen de ellos.
Una de las medidas destacables del dictamen es la creación de un Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, donde se registrarán aquellos obligados que han sido sancionados por incumplir con sus obligaciones alimenticias. Esta medida tiene como objetivo disuadir a los deudores y prevenir malas prácticas que pongan en riesgo la subsistencia de las personas acreedoras.
En caso de que un deudor argumente la falta de ingresos para justificar su incumplimiento, el tercer cambio en el Código Familiar Para El Estado de San Luis Potosí otorga al Juez la facultad de recabar información que permita verificar esta circunstancia. Esto garantizará que aquellos que realmente enfrentan dificultades financieras reciban el apoyo necesario, mientras se sanciona a quienes buscan evadir sus responsabilidades sin justificación válida.
La diputada Vargas Hernández enfatizó que estas reformas son fundamentales para mejorar la eficacia de la norma y asegurar que las obligaciones alimenticias sean cumplidas adecuadamente. Con estas modificaciones, se busca proteger los derechos de las personas acreedoras y garantizar un ambiente de responsabilidad y equidad en el contexto familiar.
