La dependencia estatal a cargo de Ruth González Silva compró paquetes de alimentos más caros que en tiendas minoristas.
En un reciente informe de investigación publicado por el periodista Juan Pablo Moreno Guzmán en “La Noticia” sobre los programas de alimentación del Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De San Luis Potosí (DIF Estatal de San Luis Potosí), bajo la dirección de Ruth Miriam González Silva, surgieron alegaciones alarmantes en relación con adjudicaciones directas, suministros de baja calidad y sobreprecios de productos esenciales. Estas denuncias han generado preocupaciones sobre la explotación de recursos públicos a expensas de los ciudadanos más vulnerables.
Una de las iniciativas clave, “Becas Alimentarias para Todos”, implica la distribución de paquetes de alimentos a la población y es una piedra angular de los programas sociales de la administración actual; sin embargo, el enfoque del DIF Estatal de San Luis Potosí para adquirir estos paquetes ha suscitado sospechas. En lugar de optar por un proceso de licitación abierta, recurrieron a una invitación restringida. Sorprendentemente, solo recibieron dos propuestas, ambas de Presucap, S.A. de C.V., una empresa con sede en Puebla. El DIF de San Luis Potosí otorgó el contrato por más de 1.2 mil millones de pesos a Presucap, justificando su decisión argumentando que cumplía con las condiciones especificadas y proporcionaba un precio conveniente.
Presucap, fundada en 2014, no especificó en su descripción de negocios sus servicios relacionados con la comercialización y distribución de alimentos o suministros; empero, en 2021, cambiaron su dirección a Puebla. Curiosamente, su presencia en línea es casi inexistente y la ubicación de su oficina en Puebla planteó preguntas entre los investigadores. En contraste, las operaciones de la empresa en San Luis Potosí parecen ser mucho más sustanciales, con una presencia en línea distintiva y ofertas de empleo.
Lo que sigue sin estar claro es por qué el DIF Estatal de San Luis Potosí eligió un intermediario, Presucap, cuando podría potencialmente obtener mejores ofertas tratando directamente con proveedores más establecidos. Otro aspecto inquietante de esta investigación involucra a la empresa Comercializadora El Sardinero, S.A. de C.V., cuyo propietario, Juan Carlos Fernández Francés, es conocido como el “El Zar de las Despensas” y tiene un historial marcado por denuncias de adjudicaciones de contratos amañados, productos sobrevalorados y de baja calidad, y conexiones con cárteles mexicanos.
El Sardinero fue objeto de una sanción de dos años y cinco meses en contratos públicos con agencias federales y estatales como resultado de sanciones administrativas basadas en diversas disposiciones legales, incluida la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Cabe destacar que El Sardinero, según informes, obtuvo 194 contratos públicos, generando ingresos por 3.4 mil millones de pesos a pesar de la sanción.
Además, El Sardinero enfrentó investigaciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América por lavado de dinero relacionado con envíos de alimentos a Venezuela. La empresa fue multada por vender productos sobrevalorados y de calidad deficiente. Además, El Sardinero fue acusado de servir alimentos contaminados a 25 niños en una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
La investigación también destaca el aparente sobreprecio de los paquetes de alimentos proporcionados por el DIF Estatal de San Luis Potosí. Al comparar el costo de los elementos individuales en estos paquetes con los precios en tiendas minoristas, se evidencian discrepancias significativas. Las compras del DIF potosino parecen costar más a pesar de ser adquiridas al por mayor, lo que indica un posible desperdicio de fondos públicos.
Por ejemplo, la investigación sugiere que el DIF podría ahorrar cantidades sustanciales comprando directamente en tiendas minoristas. Es importante destacar que un paquete de alimentos básicos de la cadena minorista internacional Costco, que incluye 22 productos de marcas reconocidas, cuesta significativamente menos que lo que el DIF Estatal de San Luis Potosí paga por sus paquetes, que a menudo contienen productos menos conocidos y de menor calidad.
Además de las preocupaciones planteadas sobre el programa “Becas Alimentarias para Todos”, se descubre otro caso de gasto extravagante en el programa “Alimentos Escolares” y “Alimentos para Grupos Prioritarios y Atención Alimentaria para los Primeros 100 Días”, todos incluidos en un solo contrato con JDG Comercializadores y Servicios Michoacanos, S.A. de C.V. por la asombrosa cifra de 357 millones de pesos.
Las facturas revelan que muchos de los productos comprados por el DIF Estatal de SLP muestran un marcado sobreprecio, a menudo superando el 50%. Esto es especialmente preocupante, ya que las compras al por mayor generalmente conducen a ahorros de costos. Es evidente que esta investigación plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos dentro de los programas de alimentos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encabezado por José Ricardo Gallardo Cardona.
Con acusaciones de sobreprecios, mala gestión y un historial de proveedores cuestionables, el enfoque del DIF Estatal de San Luis Potosí en los programas de alimentos parece requerir un mayor escrutinio. Los ciudadanos se preguntan por qué sus fondos públicos no se utilizan de manera más eficiente para proporcionar un apoyo de calidad a quienes más lo necesitan. Este informe subraya la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos de contratación pública para garantizar que los más vulnerables de la sociedad reciban el mejor apoyo posible.
