La legisladora Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado con el objetivo de tipificar el delito de pornografía infantil. La iniciativa propone agregar un nuevo capítulo llamado “Pornografía infantil de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”. De acuerdo con esta propuesta, cometería el delito de pornografía infantil quien procure, obligue, facilite o induzca a menores de dieciocho años o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el fin de grabarlos, fotografiarlos, filmarlos o describirlos para su exhibición.
La iniciativa también establece penas para aquellos que fijen, impriman, graben, fotografíen, filmen o describan actos de exhibicionismo corporal o lascivos en los que participen menores o personas sin capacidad para comprender el acto, así como para quienes publiquen, reproduzcan, almacenen, distribuyan, vendan, compren, arrienden, expongan, publiciten, envíen, transmitan, importen o exporten este material. También se incluye una pena para quienes paguen o prometan pagar con dinero o en especie a menores o terceros para obtener cópula o sostener actos de índole sexual. Además, se establece una pena menor para quienes almacenen, compren o arrienden este material sin fines de comercialización o distribución.
Las penas previstas se incrementarían si el autor del delito se valiera de su función pública, profesión u oficio, aprovechándose de los medios o circunstancias que proporcionan. Además, se impondrían penas más severas si el autor del delito tuviera parentesco o una relación sentimental o de confianza con la víctima, o si fuera tutor o curador de la víctima. También se prevé la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda y custodia en caso de condena.
La iniciativa ha sido turnada para su análisis a la Comisión de Justicia.
