La iniciativa de Favio Castellanos busca garantizar el uso responsable y seguro de la IA en el sector de la salud en México.
El diputado federal Favio Castellanos Polanco, perteneciente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar y agregar disposiciones a la Ley General de Salud para establecer un marco regulatorio que garantice el uso seguro, efectivo y ético de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la salud.
La propuesta incluye agregar nuevas fracciones al artículo 7º y 6º, donde se establece que corresponde a la Secretaría de Salud de México fomentar el desarrollo de sistemas de IA en condiciones de confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica, así como garantizar la protección y tratamiento adecuado de los datos personales sensibles en el ámbito de la salud.
Asimismo, se propone que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) evalúe los riesgos a la salud asociados al uso de sistemas de IA en el ámbito de la salud y que se protejan los datos personales sensibles en estudios sobre el genoma humano.
La iniciativa también introduce un Título Quinto Ter llamado “Inteligencia Artificial en la Salud”, que detalla aspectos relacionados con los sistemas de IA basados en algoritmos digitales que imitan la inteligencia humana y están destinados a utilizarse en la salud.
El diputado enfatiza que la IA debe ser una herramienta de apoyo y no un reemplazo para los profesionales de la salud. Se propone la capacitación y educación adecuada sobre su uso ético y seguro, y la formación de recursos humanos para facilitar su adopción en el Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa también establece que los prestadores de servicios de salud, desarrolladores y proveedores de sistemas de IA destinados al ámbito de la salud deben realizar el registro sanitario de sus sistemas ante la Secretaría de Salud, asegurando su confiabilidad y eficacia terapéutica. Estos actores serán responsables de los resultados generados por sus sistemas y de cualquier resultado adverso que ponga en peligro la vida, salud y seguridad de los pacientes.
Además, deberán proteger los datos personales sensibles de las personas durante todas las etapas de investigación y utilización para fines médicos. En casos de riesgo grave para la salud, la Secretaría tendrá la autoridad para cancelar y suspender las operaciones de dichos sistemas.
