El legislador Héctor Saúl Téllez busca sancionar a servidores públicos que hagan promoción ilegal de su imagen a través de la inauguración de una obra.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), anunció su intención de presentar un paquete de iniciativas legislativas denominado “antiobras inconclusas”. Estas propuestas tienen como objetivo sancionar e inhabilitar a los servidores públicos que promocionen ilegalmente su imagen mediante la inauguración de obras públicas que no estén terminadas.
Durante una conferencia de prensa, el diputado Téllez Hernández detalló que las iniciativas buscan modificar tres leyes clave: el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En relación al Código Penal Federal, se propone enmendar el artículo 214 para aumentar las penas, estableciendo sanciones de dos a siete años de prisión y multas para los servidores públicos que inauguren obras que estén fehacientemente comprobadas como inconclusas.
En lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se plantean modificaciones para que esta conducta se considere una falta administrativa grave. Las sanciones propuestas incluyen la suspensión, destitución y la inhabilitación temporal de hasta 10 años para los servidores públicos involucrados.
En cuanto a la Ley de Obras Públicas, se sugiere que los servidores públicos no puedan inaugurar obras a menos que cuenten con una certificación que demuestre que la obra está completamente terminada y lista para su funcionamiento inmediato.
El diputado Téllez Hernández ejemplificó casos de obras públicas que se inauguraron antes de su finalización, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya. Señaló que estas inauguraciones prematuras crean una imagen engañosa y pueden generar problemas posteriores cuando las obras no están listas para su uso completo.
El paquete de iniciativas “antiobras inconclusas” busca abordar esta problemática y promover la responsabilidad y la transparencia en la gestión de obras públicas a nivel nacional.
