Organizaciones de San Luis Potosí advierten que este nombramiento generará una “fiscal-carnal” por su cercanía con el gobernador Ricardo Gallardo.
En una sesión extraordinaria, los legisladores del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí designaron por unanimidad a María Manuela García Cázares como la nueva titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) por un periodo de siete años, nombramiento que suscitó diversas dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso.
La polémica surge a raíz del artículo 122 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que establece que, en caso de renuncia del titular de la FGESLP, se debe elegir a un sucesor que ocupe el cargo únicamente por el tiempo restante del mandato original. En este caso, García Cázares debería haber sido designada para cubrir los cinco meses restantes del mandato de José Luis Ruiz Contreras, el anterior fiscal, en lugar de un periodo completo de siete años.
Ante esta situación, varias personalidades y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación. Temen que el nombramiento de García Cázares pueda representar un caso de “fiscal-carnal” debido a su presunta cercanía con el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. Estas inquietudes se fundamentan en la posibilidad de que la nueva fiscal actúe con parcialidad a favor del gobierno actual, comprometiendo la independencia y objetividad que requiere el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
Manuela García Cázares cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Recientemente se desempeñó como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí (STJSLP) y del Consejo de la Judicatura, puestos que asumió en enero de 2023 tras ser elegida por unanimidad. Su experiencia y perfil han sido destacados por algunos como adecuados para el cargo, aunque la controversia sobre el procedimiento de su nombramiento persiste.
El congreso potosino no ha emitido comentarios adicionales respecto a las preocupaciones planteadas, dejando en el aire el debate sobre la legalidad y conveniencia de esta designación. La sociedad civil y diversas instituciones continúan observando con atención el desarrollo de este proceso, esperando que se esclarezcan las dudas y se garantice la legalidad y transparencia en la elección del nuevo titular de la FGESLP.
