El legislador propuso sancionar de 5 a 20 años de prisión a quien sabotee los servicios públicos y la vida pública del estado.
El diputado local de San Luis Potosí, Rubén Guajardo Barrera, presentó una propuesta al Congreso del Estado de San Luis Potosí para incorporar en el Código Penal del Estado el delito de “sabotaje” con el objetivo de crear un nuevo delito que pueda eficazmente castigar los actos que atenten contra los servicios públicos o las estructuras gubernamentales a todos los niveles.
Según la iniciativa, se consideraría culpable de sabotaje a cualquier persona que, con la intención de perturbar la vida pública del estado o socavar la capacidad del gobierno para mantener el orden público, realice alguna de las siguientes acciones: cause daño, destruya u obstaculice deliberadamente las vías de comunicación estatales; dañe, destruya u obstaculice deliberadamente la operación de instalaciones de servicios públicos; cause daño, destruya u obstaculice deliberadamente la operación de centros de producción o distribución de bienes esenciales o interfiera deliberadamente con los servicios públicos; dañe o destruya elementos fundamentales de instituciones educativas o de investigación; o dañe o destruya recursos esenciales destinados al mantenimiento del orden público por parte del estado.
La propuesta sugiere que este delito se castigue con una pena de prisión de cinco a veinte años, además de una multa que oscile entre quinientos y dos mil días del valor de la unidad de medida y actualización. En su exposición de motivos, Guajardo Barrera señaló que San Luis Potosí enfrenta una grave crisis de agua, y se ha observado una creciente problemática de daños y ataques a las instalaciones de suministro de agua, acciones que perjudican gravemente un servicio esencial que ya se encuentra en condiciones precarias en la zona metropolitana del estado, afectando negativamente a sus habitantes.
El legislador potosino explicó que la propuesta incorpora dos propósitos detrás de los actos: perturbar la vida pública del estado o socavar la capacidad del gobierno para mantener el orden público, distinguiendo así estos actos de los simples actos de vandalismo o incidentales, de manera similar a la legislación federal. Por esta razón, se enfatiza expresamente la intencionalidad detrás de los actos que obstaculizan los servicios públicos y las vías de comunicación.
Además, el congresista destacó que la tipificación no se limita únicamente a los servicios públicos y las vías de comunicación, sino que busca proteger varios aspectos dentro de las funciones gubernamentales. Rubén Guajardo subrayó que esta adición no se propone únicamente debido a los actos mencionados, sino que también tiene como objetivo actualizar el marco jurídico del estado para proporcionar una mejor protección a los derechos de la ciudadanía, que se ven amenazados por los ataques a los servicios públicos y cualquier acto que perjudique la labor de cualquier nivel de gobierno.
