A casi 90 años de los hechos, recordamos la matanza que comenzó como un mitin contra el cacicazgo del General Saturnino Cedillo en San Luis Potosí.
México es una nación marcada por la memoria colectiva, donde los acontecimientos trascendentales se graban en la conciencia nacional con la tinta indeleble de la historia, y en ella existen episodios que parecen haber sido relegados al olvido, sepultados bajo el peso de los años y el polvo del desinterés. Si bien el 2 de octubre de 1968 resuena en cada rincón de México como un día de dolor y represión, hay otra fecha, 31 años atrás, que apenas susurra su presencia en los anales de la memoria: la matanza de Ciudad Valles.
Remontémonos a aquel turbulento 1937, donde San Luis Potosí se veía sacudido por las tensiones políticas en la Huasteca Potosina emanadas del cacicazgo del General Saturnino Cedillo Martínez durante el gobierno de Mateo Hernández Netro. En este contexto de agitación social, los profesores Aurelio Manrique y Graciano Sánchez Romo, erigidos como defensores de los campesinos y con ideas libertarias, alzaban su voz contra las estructuras de poder establecidas y, en un acto de valentía y compromiso, impulsaban la candidatura del Licenciado José de la Luz Cerda, desafiando así al entonces exgobernador y cuatro veces diputado federal, Gonzalo Natividad Santos Rivera.
El domingo 3 de octubre de 1937, en la plaza principal de Ciudad Valles, se gestaba un mitin convocado por el congresista federal Francisco Arellano Belloc, el Magistrado Juan B. Torres y el profesor Aurelio Manrique -quien recién había creado el Partido Renovador Potosino-, con la intención de preparar un Congreso Agrario en la localidad. Campesinos, obreros y ciudadanos se congregaban en un acto de protesta y resistencia, mientras que, de manera coincidente, trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) marchaban en demanda de su participación en la política.
Al llegar a la ciudad, el bullicio los atrajo hacia la plaza principal, donde un grupo se congregaba en torno al antiguo kiosco de madera y lámina. Se trataba de un mitin electoral organizado por el Frente Único de Trabajadores de Caminos, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que desafiaba a los candidatos “oficiales” del régimen ‘cedillista’.
La atmósfera se cargó de tensión cuando el discurso se convirtió en una denuncia contra Cedillo Martínez y su representante local, Tomás Oliva Bañuelos, quien había sido instalado como presidente municipal tras el asesinato de su predecesor. Entre la multitud se filtraron partidarios de Saturnino Cedillo, incluido Marcelino Zúñiga, presidente estatal del Partido Nacional Revolucionario (PNR), y Luis M. Lárraga, un veterano político local.
El enfrentamiento verbal pronto escaló a violencia física. Disparos resonaron en la plaza, provenientes desde la parte alta del restaurante “Madrid”, sembrando el caos y dejando un saldo trágico de muertos y heridos. Los lesionados fueron llevados al Hospital de Caminos, ahora transformado en el Asilo de Ancianos “San Martín de Porres”, siendo atendidos de manera precaria, toda vez que los recursos médicos resultaban limitados.
Mientras tanto, el caos se adueñó de las calles, con la gente escapando en todas direcciones en busca desesperada de refugio. Algunos se dispersaron por el callejón Morelos, conocido hoy como la avenida del mismo nombre, mientras otros corrían por la calle San Luis, ahora renombrada como Calle B. Juárez, y por la Calle Hidalgo, rebautizada como Avenida Pedro Antonio Santos.
Entre el tumulto, algunos encontraron protección en la fonda de doña Domitila, mientras que otros, impulsados por el deseo de venganza, improvisaron armas con leños y se lanzaron contra los agresores. En medio de la confusión, un valiente vaquero apodado ‘Chano’ logró desarmar a los atacantes, capturando incluso la metralleta que desató el caos, y escapando con ella hacia el río.
Aurelio Manrique, entre gritos de indignación, señaló a Saturnino Cedillo y a los pistoleros de Gonzalo N. Santos como responsables de la violencia desatada. También apuntó con el dedo acusador hacia el alcalde Tomás Oliva, así como a sus propios hombres, Marcelino Zúñiga y Vicente Segura.
Con el paso de las horas, las manifestaciones llegaron a su fin, pero el dolor persistía. Las cifras oficiales minimizaron la tragedia, informando un saldo de 4 muertos y solo 18 heridos; empero, crónicas periodísticas sugerirían un número de muertos mucho mayor que alcanzaría más de 14 acaecidos en el combate, incluido el prominente Magistrado Juan B. Torres. Los cuatro caídos -al menos de manera oficial- fueron despedidos en la solemnidad de una sepultura en la capital del país, el 5 de octubre.
La intervención del Ejército Federal resultó en la detención de varios implicados, incluidos Oliva Bañuelos, Marcelino Zúñiga y Luis M. Lárraga, quienes fueron destituidos de sus cargos. Paralelamente, las autoridades locales intentaron desviar la culpa hacia Arellano Belloc, acusándolo de provocar el incidente para derrocar al gobernador Mateo Hernández Netro en aras de sus propios intereses.
Es importante destacar que el 4 de octubre de 1937 -un día después del atentado- se determinó la disolución del anterior cuerpo de policía. En su lugar, se estableció una nueva corporación, liderada por el coronel Arnulfo Palomares, quien designó a Carlos Castillo Tinajero como comandante de esta recién formada fuerza de seguridad. Este cambio representó un intento por restaurar el orden y la confianza en las instituciones después de los eventos lamentables que sacudieron a la comunidad.
Más tarde, el 6 de octubre de 1937, el Congreso de la Unión nombró una Comisión para investigar los hechos, designando a los congresistas Carlos Terrazas, Silvestre Aguilar y José Muñoz Cota, pero, a pesar de los esfuerzos de investigación, los culpables del tiroteo eludieron la justicia, protegidos por el poderoso cacicazgo ‘cedillista’. La población, indignada, vio cómo los únicos pistoleros que enfrentaron consecuencias fueron resguardados por las mismas manos que intentaron sepultar este sombrío episodio en la historia de Ciudad Valles.
Con el transcurrir del tiempo, el recuerdo de aquella tragedia se mantuvo vivo principalmente en las conversaciones de los ancianos. La única marca tangible de aquel fatídico día sería el nombramiento de una calle como “3 de octubre”, inicialmente designada en memoria de los caídos, pero que con el tiempo fue rebautizada como Vicente C. Salazar. Esta calle, que atravesaba el actual bulevar México-Laredo, se convirtió a la postre en un testimonio silencioso de los eventos que marcaron la historia de la ciudad.
