Al mismo tiempo, 2020 a diciembre 2023 se presentaron 4 mil 58 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el año 2023, la recaudación alcanzó la cifra de cuatro billones 517 mil 730 millones de pesos, registrando un aumento significativo de 705 mil 210 millones de pesos en comparación con los ingresos tributarios observados en 2022. Este incremento representó un crecimiento real del 12.3 por ciento.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) atribuyó este aumento a los mayores pagos realizados por concepto del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Destacó que la recaudación por ingresos tributarios constituyó el 86 por ciento del total de ingresos presupuestarios netos del Gobierno Federal.
En cuanto a la distribución de las contribuciones internas, se señala que estas representaron el 75.26 por ciento de los ingresos tributarios, alcanzando un monto de tres billones 400 mil 130 millones de pesos. Además, se resalta el comportamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que experimentó un incremento significativo del 229.2 por ciento real respecto al año anterior, principalmente debido a los estímulos aplicados para mantener los precios de los energéticos y mitigar las presiones inflacionarias.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, se destaca el incremento de esfuerzos por parte del SAT para detectar y denunciar a redes criminales de alto nivel. Durante el periodo de 2020 a diciembre de 2023, se presentaron cuatro mil 58 denuncias ante la Fiscalía General de la República, involucrando a cuatro mil 127 personas, de las cuales 824 han sido vinculadas a proceso, incluyendo servidores públicos, personas físicas y personas morales.
Asimismo, durante el año 2023, el SAT denunció penalmente a 942 contribuyentes, de los cuales 103 personas físicas y 108 personas físicas relacionadas con personas morales se encuentran vinculadas a proceso. Además, se presentaron 35 denuncias por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, relacionados principalmente con acceso ilícito a sistemas informáticos, uso de documentos falsos, contrabando y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El informe completo fue remitido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su evaluación y seguimiento.
