La legisladora Imelda Castro busca proteger el derecho a prolongar la vida de manera innecesaria.
La senadora Imelda Castro Castro ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto para la expedición de la Ley General de Voluntad Anticipada, con el objetivo de asegurar la atención médica a los enfermos en situación terminal.
En su intervención, la legisladora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) resaltó la importancia de proteger el derecho de las personas a negarse a someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que busquen prolongar de forma innecesaria la vida. Asimismo, enfatizó la necesidad de salvaguardar en todo momento la dignidad de la persona, incluso cuando, por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural.
La propuesta reconoce el derecho de toda persona a la Ortotanasia y prohíbe cualquier conducta que tenga como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. Específicamente, establece que las personas enfermas en situación terminal tienen derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte, recibiendo cuidados paliativos que alivien los efectos de la enfermedad y contando con la compañía de sus familiares, así como acceso a asistencia espiritual cuando sea necesario.
Para asegurar la validez de la voluntad anticipada, la iniciativa propone que el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible sea certificado por el médico tratante y ratificado por otro médico en la historia clínica del paciente.
La ley propuesta establece como principio rector el respeto a la autonomía de la voluntad y dignidad de la persona, prohibiendo cualquier acción que tenga como resultado el acortamiento intencional de la vida.
Además, se establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio podrá manifestar su voluntad anticipada de manera expresa, libre e informada para decidir sobre la aplicación de tratamientos médicos en caso de padecer una enfermedad derivada de una patología terminal, incurable e irreversible y estar en situación terminal.
Finalmente, la propuesta prohíbe a las instituciones públicas y privadas de salud condicionar la atención o discriminar a los usuarios en función de si han documentado su voluntad anticipada o no.
La iniciativa ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Desarrollo y Bienestar Social, y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y discusión.
