¿La prensa está dispuesta a defender la verdad y la transparencia, incluso si eso significa poner en tela de juicio sus intereses económicos?
En el mundo de la política, donde las pasiones y las estrategias se entrelazan con fervor, Ciudad Valles se convirtió en el epicentro de una controversia que arroja luz sobre un asunto crucial: la transparencia en el uso de los recursos públicos. José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tecmol” y aspirante a la presidencia de la ciudad, divulgó documentos públicos que revelan el gasto mensual de alrededor de un millón de pesos en publicidad por parte del H. Ayuntamiento, liderado por David Armando Medina Salazar. Este acontecimiento desató una controversia que pone en el centro de atención el papel del periodismo en la sociedad vallense.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
En un primer vistazo, la reacción de los directores de medios de comunicación y comunicadores independientes, expresando su inconformidad ante esta revelación, podría parecer sorprendente; sin embargo, es esencial recordar que la transparencia en el uso de recursos públicos es un principio fundamental en una democracia funcional, como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí en su artículo 8, fracción VI.
Los medios locales han defendido celosamente la confidencialidad de los convenios de publicidad, argumentando que su divulgación socava su independencia; empero, aquí radica el quid de la cuestión, puesto que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí es categórica en su mandato de hacer públicos tales documentos.
Transparencia versus intereses económicos
Aquí también radica la siguiente paradoja: aquellos que se dedican a informar a la población están luchando contra la divulgación de información que debería ser pública desde el principio. Esto plantea interrogantes sobre la ética periodística y sus motivaciones detrás de esta resistencia, ya que aquellos que se consideran guardianes de la libertad de expresión y la transparencia se encuentran ahora en una posición incómoda, al parecer, defendiendo intereses económicos antes que la rendición de cuentas.
Es innegable que la divulgación de estos documentos por parte de Romero Calzada tiene un fuerte componente político, pero eso no debe desviar la atención del hecho central: la necesidad de rendición de cuentas en el uso de los impuestos de los ciudadanos de Ciudad Valles. Es comprensible que los intereses económicos estén en juego, pero también es un reflejo de la doble moral que a veces caracteriza al gremio periodístico. ¿Cómo pueden los medios defender la libertad de expresión cuando se trata de sus agremiados, pero se muestran renuentes a la hora de rendir cuentas sobre el financiamiento público?
El debate sobre la viabilidad y legalidad de las contrataciones merece su espacio, pero en este momento lo que realmente importa es la lección que esta controversia nos brinda sobre el compromiso del gremio periodístico vallense. ¿Están dispuestos a defender la verdad y la transparencia, incluso si eso significa poner en tela de juicio sus intereses económicos? Esta es una pregunta que todos los comunicadores locales deben reflexionar mientras Ciudad Valles se convierte en el centro de una discusión que trasciende las fronteras políticas y nos obliga a mirar de cerca la integridad de nuestra profesión. No obstante, el objetivo principal aquí es poner de manifiesto el aparente déficit de compromiso periodístico en Ciudad Valles.
La contradicción de los medios de comunicación
En última instancia, esta controversia plantea preguntas cruciales sobre la relación entre los medios de comunicación y el poder político, así como sobre la responsabilidad de ambos en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Ciudad Valles se encuentra en una encrucijada, donde la transparencia y el ejercicio ciudadano se entrelazan con la política en un debate que tiene el potencial de moldear el futuro de esta comunidad.
La prensa debe ser un faro de luz en la oscuridad de la desinformación, pero también debe ser coherente en la aplicación de los principios que defiende. Esto refleja una doble moral alarmante, que permite la libertad de expresión cuando se trata de sus colegas, pero no cuando se trata de un político que, incluso con motivaciones políticas, está contribuyendo al ejercicio ciudadano al exigir transparencia.
