El gobierno de Enrique Galindo también eroga 2.8 millones de pesos al mes a coordinadores especiales.
La información proporcionada por Ciudadanos Observando destaca la situación relacionada con el número de asesores y coordinadores en la administración municipal de San Luis Potosí, encabezada por el alcalde Enrique Galindo. A pesar de un compromiso inicial de reducir drásticamente esta plantilla, la realidad refleja un incremento y una falta de cumplimiento de dicha promesa. A continuación, se presenta un análisis basado en los datos proporcionados:
Asesores:
- La plantilla de asesores cuenta con 291 personas.
- La categorización de asesores incluye diferentes niveles, desde “Asesor” hasta “Asesor especializado” y “Asesor directivo”.
- Las áreas con mayor número de asesores son la Oficina de Regidores, Contraloría Municipal, Comunicación Social y Obras Públicas.
- Se menciona que los tres asesores con las percepciones más altas son Beatriz Benavente, Emmanuel Balboa y Mario Leal Campos, cada uno con un sueldo mensual de 44,358 pesos.
Coordinadores Especiales:
- Hay 78 coordinadores con un costo mensual total de 2.8 millones de pesos.
- Los coordinadores están divididos en diferentes categorías, desde “Coordinadores Especializados A” hasta “Coordinadores Especializados D”.
- Las percepciones mensuales varían según la categoría, siendo las más altas para los “Coordinadores Especializados A” con 44,358 pesos cada uno.
Observaciones:
- Se destaca la presencia de políticos reciclados y posibles favores políticos en la lista de asesores, lo que sugiere la necesidad de una revisión detallada para favorecer la productividad y evitar prácticas que no contribuyan al buen funcionamiento de la administración.
En conclusión, la información proporcionada sugiere una discrepancia entre el compromiso inicial de reducir la plantilla de asesores y coordinadores en la administración municipal y la realidad actual, donde el número ha aumentado. La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos cruciales que deben ser atendidos para garantizar una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.
