La reforma al Código Penal Federal busca reforzar el respeto a los derechos humanos en la administración pública.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsa una iniciativa para enmendar el Código Penal Federal, con el propósito de convertir en delito las amenazas realizadas por servidores públicos con la intención de obstruir denuncias relacionadas con actos corruptos. Esta medida busca fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la integridad en el ejercicio de funciones públicas.
La propuesta consiste en añadir un cuarto párrafo al artículo 282 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer que la pena sea aumentada hasta en un cincuenta por ciento cuando un servidor público cometa el delito de amenazas en el curso de sus deberes. Esto significa que las penas podrían variar de seis a 12 años de prisión y de 150 a 450 días de multa, en contraste con la pena actual de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días de multa.
Asimismo, se le impondrán, a las y los servidores públicos que incurran en amenazas, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Elizabeth Pérez Valdez
La legisladora Pérez Valdez destacó que, según el Código Penal Federal actual, los delitos especificados en este artículo son perseguidos mediante una querella, a excepción del caso mencionado en el párrafo anterior, que es perseguido de oficio.
La congresista, representante federal por la Ciudad de México, enfatizó la importancia de sancionar legalmente esta conducta por parte de los servidores públicos, ya que esta acción contribuye a fortalecer las instituciones y a prevenir prácticas corruptas en la administración pública.
Asimismo, resaltó la necesidad de combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de funciones públicas y los actos corruptos que están directamente relacionados con este ejercicio, incluyendo el delito de amenazas.
Pérez Valdez subrayó que esta propuesta legislativa es un paso fundamental para cumplir con los compromisos suscritos, ratificados y asumidos por México en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estos acuerdos señalan la responsabilidad de establecer, mantener y reforzar normativas que garanticen un adecuado y correcto desempeño del servicio público.
Es nuestra obligación dar certeza para que las y los ciudadanos puedan acudir a cualquier institución o servidor público sabiendo que cumplirán con la obligación que les fue encomendada y que, de no ser así, podrán acudir a las instancias adecuadas para ejercer su derecho.
Elizabeth Pérez Valdez
En su argumentación, la diputada hizo referencia al Artículo 5 del Capítulo II de los Principios del Servicio Público del Código de Ética de la Administración Pública Federal. Este artículo destaca la importancia de los Derechos Humanos y subraya que todos los individuos que ocupen cargos en entidades y dependencias gubernamentales están obligados a salvaguardar y garantizar la dignidad de todas las personas en función de sus atribuciones, sin excepciones.
En concordancia con este principio, se espera que los funcionarios públicos eviten cualquier acto que menoscabe la dignidad de los ciudadanos y se abstengan de participar en prácticas discriminatorias.
La iniciativa presentada ha sido remitida a la Comisión de Justicia, donde se procederá a analizar y emitir un dictamen al respecto. El propósito de esta propuesta es fortalecer los derechos fundamentales en el ámbito de la administración pública, promoviendo un ambiente de respeto y protección a la dignidad humana en todas las instancias gubernamentales.
