Diputada presentó reforma para que la Fiscalía de SLP cuente con traductores indígenas

La congresista Emma Saldaña refirió que el Coespo informó en 2020 que en San Luis Potosí el 8.6% de la población habla una lengua indígena.

La legisladora potosina Emma Idalia Saldaña Guerrero propuso una adición al último párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, cuyo objetivo es garantizar que las Fiscalías Especializadas y/o Unidades Especializadas y/o Delegaciones Especializadas para la Atención de los Pueblos, Comunidades y Personas Indígenas cuenten con traductores de las lenguas indígenas habladas en las regiones donde están ubicadas.

La iniciativa responde al cumplimiento de la disposición constitucional, la Ley Reglamentaria del Artículo 9º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y la perspectiva de interculturalidad presente en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Se considera una medida necesaria e inaplazable para asegurar el derecho a la justicia y abordar una deuda histórica con los pueblos indígenas, así como preservar sus lenguas maternas.

La diputada Saldaña Guerrero destaca la persistente problemática de la falta de intérpretes en los organismos de justicia en las zonas con población que habla lenguas indígenas en el estado, lo que obstaculiza el acceso elemental a la justicia.

Según datos del Consejo Estatal de Población de San Luis Potosí (Coespo) de 2020, en San Luis Potosí hay 231,213 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, representando el 8.6% de la población total de 3 años y más en la entidad. Esto posiciona al estado en el noveno lugar a nivel nacional en porcentaje de hablantes de lengua indígena. La proporción de hablantes de lengua indígena se distribuye de manera significativa en municipios como San Antonio, Tanlajás, Coxcatlán, Aquismón y Tancanhuitz de Santos, donde se identifica la necesidad de mayores esfuerzos para contar con traductores de lenguas indígenas y asegurar el acceso equitativo a la justicia.