Alfredo Vázquez planteó la necesidad de que las dependencias federales informen cómo gastan e invierten ese recurso.
El presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, Alfredo Vázquez Vázquez, señaló la insuficiente efectividad de la distribución de recursos relacionados con pueblos indígenas en diversas áreas. En consecuencia, planteó la necesidad de que las entidades federales rindan cuentas sobre cómo utilizan y asignan estos fondos.
Tras la conclusión del foro titulado “Diálogos Indígenas hacia una Rearticulación Nacional y Diálogo Pleno con el Estado Mexicano,” celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Vázquez subrayó que los programas sociales destinados a reducir brechas de desigualdad deben priorizar a las comunidades indígenas debido a sus necesidades particulares.
El congresista perteneciente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) resaltó la importancia de una reestructuración a nivel nacional en lo que respecta a asuntos indígenas. Sugirió la asignación de un presupuesto especial para la salvaguardia de los derechos indígenas, sugiriendo la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para optimizar la gestión de estos recursos. El legislador morenista también enfatizó la necesidad de establecer mecanismos para sancionar a aquellos que usurpen posiciones representativas de las comunidades indígenas.
Por otro lado, Salvador Caro Cabrera, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó su satisfacción por la realización del foro. Consideró crucial que las reformas contemplen una perspectiva indígena, ya que de lo contrario las culturas originarias y sus lenguas podrían estar en riesgo, lo que implicaría una pérdida para la riqueza del país.
Aunado a esto, el representante de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, Cecilio Solís Librado, exhortó al Poder Ejecutivo a considerar una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena y a llevarla al Congreso de la Unión para atender las demandas de los pueblos originarios. Además, pidió a la Comisión Bicamaral unirse a este esfuerzo junto a organizaciones civiles.
Los participantes coincidieron en la importancia de abordar el saqueo en las zonas arqueológicas y propusieron la creación de una entidad de “cuarto nivel de gobierno,” que permitiría a las comunidades gestionar sus propios recursos.
En el ámbito electoral, se solicitó colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE) para repensar el proceso de elección de candidatos a diputados. En relación con el presupuesto, se expresó preocupación por la disminución del 54% de los recursos asignados a los pueblos indígenas desde 2018, y se lamentó el aumento de problemas sociales, de salud, educación, inseguridad y saqueos.
En una declaración política, los participantes reafirmaron su derecho inalienable a la rearticulación y el diálogo con el Estado, con el objetivo de luchar por el reconocimiento y respeto de sus derechos y acceder a una democracia participativa auténtica.
Se pidió la inclusión de la reforma constitucional en los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en la agenda nacional colectiva, y que se los considere sujetos de derecho público. También se demandó el incremento del presupuesto asignado al INPI y una evaluación transparente del presupuesto transversal.
Asimismo, se exigió el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada en todas las fases legislativas, administrativas y en la implementación de proyectos de desarrollo.
