Empresas del campo están en riesgo por reformas a la LFT y Ley del Seguro Social: Coparmex

De acuerdo con la confederación patronal, las reformas benefician a miles de campesinos, pero no se consideraron los tiempos para que puedan ejecutarlas.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), se consideran relevantes las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo. Sin embargo, la COPARMEX expresa preocupación sobre la implementación de estas reformas, ya que podría poner en riesgo la viabilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) del sector agrícola.

La COPARMEX destaca que las reformas no fueron precedidas por un diálogo con los sectores involucrados ni tuvieron en cuenta la voz de los trabajadores del campo. Además, señala que la rapidez con la que se publicaron y entraron en vigor (de un día para otro) deja a las empresas y empleadores en un estado de vulnerabilidad, ya que es prácticamente imposible adaptarse y cumplir con la ley en tan poco tiempo.

Aunque reconocen aspectos positivos en la reforma, como la distinción clara de quiénes son las Personas Trabajadoras del Campo y la precisión en la diferenciación entre trabajadores permanentes y temporales, la COPARMEX destaca algunas preocupaciones:

1. El corto plazo entre la publicación y la entrada en vigor de las reformas pone en riesgo la adaptación de la industria agrícola.
2. La suplantación de tareas que corresponden a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) podría afectar la sustentabilidad financiera de las empresas agrícolas.
3. La falta de diálogo y consulta con los sectores involucrados en la aprobación de las reformas.

La COPARMEX hace un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se generen mesas de diálogo entre autoridades y el sector privado a fin de revisar el periodo y la mecánica de cumplimiento de la reforma, considerando un tiempo razonable de adaptación. También insta al Congreso a priorizar el diálogo con todos los sectores involucrados en futuras reformas.