El Instituto Belisario Domínguez señaló que, desde la reforma constitucional del 2021, continúa pendiente la legislación sobre el derecho a la alimentación en la nación.
La legislación específica sobre el derecho a la alimentación en México es una tarea pendiente del Congreso desde 2011, cuando se reformó la Constitución para reconocer este derecho. A pesar de este reconocimiento constitucional, aún no se ha aprobado una Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que regule este derecho en el país. El análisis sobre esta ley, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, destaca varios aspectos importantes:
- Reconocimiento del derecho: La ley reconoce el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad en todo momento. También establece que las personas tienen derecho a disponer de alimentos para su consumo diario y a acceder a alimentos inocuos y de calidad que satisfagan las necesidades fisiológicas en cada etapa de la vida.
- Compras gubernamentales: La ley promueve que las dependencias de gobierno realicen al menos el 15% de sus compras de alimentos e insumos primarios a productores de pequeña y mediana escala. Esto tiene como objetivo apoyar a los productores locales y fomentar la producción sostenible de alimentos.
- Reducción del desperdicio: La ley prohíbe que los establecimientos comerciales desechen alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por los seres humanos. Esta disposición busca reducir el desperdicio de alimentos y garantizar que los alimentos aptos para el consumo lleguen a las personas que los necesitan.
El estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) destaca que la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible implica una reorganización institucional sin necesidad de erogaciones adicionales de presupuesto. Además, subraya que considera la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones relacionadas con el derecho a la alimentación. Por lo tanto, parece viable su aprobación. La aprobación de esta ley sería un paso importante para garantizar el derecho a la alimentación en México y promover la seguridad alimentaria en el país.
